La ley de vivienda establecerá un tope al alquiler del 3% en 2024. Las formaciones políticas ERC y EH Bildu han logrado un acuerdo con el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, tal y como han anunciado este viernes en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Se prevé que la ley pueda ser aprobada antes de las elecciones autonómicas y municipales, cuya cita será el próximo 28 de mayo.  

Los principales socios parlamentarios del ejecutivo español han anunciado el desbloqueo del acuerdo, después de 13 meses de negociaciones en el Congreso. El límite permanente a las subidas del alquiler en el 3% era uno de los puntos más conflictivos de las negociaciones y que desde la parte socialista del Gobierno se oponían inicialmente a limitarlo más.

Cabe destacar que el gobierno español ya aprobó un límite del 2% temporal en las renovaciones de rentas de alquiler para hacer frente a la inflación y evitar que los arrendadores subieran los precios al nivel del IPC. Con esta nueva medida, que se implementará en 2024, se pretende evitar aumentos descontrolados de los precios. 

También se creará, a partir de 2025, un nuevo índice más estable e inferior a la evolución del IPC que tope los aumentos de la renta por la renovación anual. Este nuevo índice sustituirá al IPC como referencia para actualizar los contratos. En este sentido, para ERC y Bildu, el IPC "ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes con aumentos disparatados". Situación que encarece "sin límite" las rentas de alquiler.

Declaración de zonas tensionadas

Los grupos parlamentarios han explicado en rueda de prensa que todos los alquileres serán regulados y topados en todas las áreas tensionadas. Una medida que será efectiva tanto para grandes como pequeños propietarios, así como para contratos de inmuebles que ya estén en el mercado de alquiler y para nuevos contratos. Este límite se establecerá en función de la modalidad de contrato y propiedad, poniendo el foco en la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha celebrado este viernes un acuerdo "importante, de enorme trascendencia en lo social y político" y que "por fin interviene el mercado de la vivienda". Por su parte,  la diputada de ERC, Pilar Vallugera, ha asegurado que "estas medidas contendrán y reducirán los precios de manera efectiva", y ha explicado que la declaración de zona tensionada para limitar los alquileres "pivotará sobre dos condiciones disyuntivas", es decir, que no tienen porque cumplirse al mismo tiempo para aplicarse.

De este modo, ha señalado que, con que se cumpla uno de las dos, ese territorio podrá ser declarado "zona de contención de rentas". Una de las dos condiciones es que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de la renta media de los hogares. La otra  será que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada. 

Rebaja de grandes tenedores a 5 viviendas

Asimismo, otro de los acuerdos alcanzados es el de la modificación de la polémica definición de "grandes tenedores". En el texto original que salió del Consejo de Ministros se establecía que eran aquellos que poseen más de 10 inmuebles. Según la nueva ley, los propietarios que posean 5 o más viviendas en áreas tensionadas se considerarán como grandes tenedores.

Por tanto, serán las propias comunidades autónomas las que podrán, en función de sus competencias, rebajar esta condición para los grandes propietarios. De la misma manera, han explicado que se aplicarán las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietario, con el objetivo de evitar la especulación y el acaparamiento de inmuebles de los "fondos buitre" y otros fondos de inversión.

Prórrogas en los desahucios

En cuanto a los desahucios, según ERC y EH Bildu, se prohibirán aquellos sin fecha y hora predeterminada, puesto que era una "demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos". La ley también incluirá nuevas prórrogas para los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años.

Asimismo, se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudicial para las personas vulnerables. Por otro lado, las comunidades autónomas podrán establecer mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos.

Además, se reconocerá la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política similar.

Los gastos de las inmobiliarias correrán a cargo del propietario

Otro de los puntos anunciados por ERC y EH Bildu este viernes tiene que ver con las inmobiliarias. De este modo, el acuerdo contempla medidas de protección a los inquilinos, haciendo que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario.

Los diputados también han explicado que la ley de vivienda prohibirá aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible que no estuvieran acordadas previamente entre las partes. Asimismo, se eliminarán las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la ley de existir un acuerdo entre las partes.