La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha puesto en marcha una nueva herramienta digital que permite a los ciudadanos reportar de forma anónima viviendas que se dediquen presuntamente al alquiler turístico sin la licencia municipal obligatoria. La plataforma, denominada Apartur Denuncia, opera a través de un formulario online en el que únicamente se requiere facilitar la dirección del inmueble sospechoso. El objetivo declarado de esta medida es erradicar la competencia desleal que supone la oferta ilegal, un sector que, según los datos manejados por la asociación, ha sido reducido drásticamente en la última década en lo que se refiere a pisos completos, pero que experimenta un repunte en el alquiler fraudulento de habitaciones por estancias cortas.

El procedimiento diseñado por la asociación es confidencial. El ciudadano que sospeche de una actividad ilegal accede al sitio web, introduce la dirección del piso o habitación y envía el reporte. A partir de ese momento, es la propia Apartur la que se encarga de presentar la denuncia formal ante el Ayuntamiento de Barcelona o el organismo competente para su investigación y, en su caso, la actuación correspondiente.

El contexto de esta iniciativa se remonta a 2011, cuando Barcelona se convirtió en una de las primeras ciudades de Europa en regular de forma estricta el alquiler vacacional. La normativa municipal estableció un cupo máximo de licencias, fijado en aproximadamente 10.000, lo que representa alrededor del 1% del parque residencial total de la ciudad. Este límite, que se alcanzó hace años, es inamovible, lo que significa que no se conceden nuevas licencias.

El presidente de Apartur, Enrique Alcántara, afirma que "la colaboración del sector con la Administración ha sido clave para erradicar prácticamente la oferta ilegal de pisos completos. Sin embargo, nos enfrentamos ahora a un nuevo desafío: la proliferación de habitaciones alquiladas de forma fraudulenta por menos de 31 días. Esta herramienta busca la colaboración vecinal para atajar definitivamente este problema". La masificación turística y su impacto en los barrios han sido durante años una de las grandes controversias en Barcelona. Desde el sector legal, se argumenta que la regulación ha permitido una mayor control y contribución fiscal, así como la puesta en marcha de iniciativas para mejorar la convivencia.

Entre ellas, destacan el Servicio Municipal de Convivencia y Turismo, creado en 2019 con el impulso de varios actores del sector, incluida Apartur, que actúa como mediador en conflictos entre vecinos y gestores. Otra de las medidas es el proyecto WeRespect, que incluye la instalación de detectores de ruido en algunas viviendas y un teléfono de atención a incidencias.

Pese a los esfuerzos del sector regulado, colectivos vecinales críticos con el modelo turístico actual mantienen que la existencia de miles de viviendas destinadas al turismo contribuye a la escalada de los precios del alquiler y a la pérdida del carácter residencial de algunos distritos.

La polémica sobre el impacto real del turismo en el mercado de la vivienda en Barcelona sigue siendo un tema de intenso debate político y social. La nueva herramienta de denuncia se enmarca, por tanto, en una batalla compleja que enfrenta intereses económicos, derechos de los vecinos y los desafíos de gestionar una de las ciudades más visitadas del mundo. Su eficacia dependerá de la colaboración ciudadana y de la capacidad de la administración para investigar y actuar sobre los reportes recibidos.