Verifactu, el nuevo sistema de facturación electrónica desarrollado por la Agencia Tributaria, no será obligatorio hasta el año 2027, un año después de lo que se había anunciado. Tal como han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda a ON ECONOMIA, el real decreto que se aprueba este mismo martes amplía los plazos vigentes. Las pymes deberán implementarlo a partir del 1 de enero de 2027 y los autónomos tendrán hasta el 1 de julio del próximo año. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes en entrevistas con Televisión Española y El món a RAC1 que entre los compromisos con Junts a los que dará respuesta el Consejo de Ministros se encuentra el retraso de las medidas que fomentan la digitalización de las empresas.

Tanto los autónomos como los pequeños empresarios han sumado Verifactu a su lista de quejas de los últimos meses. Lamentan las elevadas cuotas que deben afrontar, especialmente los trabajadores autónomos, no siempre con una facturación estable, y una ofensiva normativa que exige muchas horas o inversión económica de dedicación a empresas de tamaños y volúmenes de negocio limitados. 

En el caso de Verifactu, además, se quejan de que no saben muy bien qué aporta, cuando ya muchos de ellos tienen un software propio de facturación. 

La idea de Verifactu, un sistema informático propiciado por la Agencia Tributaria, es garantizar facturas integrales, conservables, accesibles y legibles, con el fin de facilitar un seguimiento completo de cada operación y reducir el riesgo de fraude. 

Una encuesta reciente de Pimec muestra que solo un 7% de los establecimientos ya dispone de un sistema de facturación adaptado a los requisitos del nuevo reglamento, mientras que un 17% se encuentra en proceso de adaptación y un 76% todavía no ha iniciado ninguna actuación para cumplir con la normativa, que entrará en vigor y con carácter obligatorio el 1 de enero de 2026 para las empresas, y el 1 de julio de 2026 para los autónomos, informa Maite Coca.

Sobre el coste de adaptación, el 51% de los encuestados afirma que no ha podido valorar qué inversión deberá realizar. De los que sí lo han hecho, el 25% calcula un gasto de entre 1.000 y 6.000 euros, el 15% prevé una inversión superior a los 6.000 euros y el 9% inferior a 1.000 euros. En relación con los obstáculos principales, el 31% identifica la falta de conocimiento, el 27% los elevados costes del software y el 26% considera que el problema principal es la falta de apoyo y de información clara.

La asociación Barcelona Comerç constata que será un detonante más para el cierre del pequeño comercio regentado por personas de edad avanzada y por aquellos que tengan que hacer una inversión importante, que puede llegar a costar más de 6.000 euros. El sistema debe adaptarse y hay actividades comerciales y de servicios que sufren carencias técnicas, costes elevados de adaptación y poca capacidad para asumir cambios tecnológicos en tan poco tiempo. Para poner un ejemplo, hay establecimientos que deben modificar las balanzas, los TPV, la pantalla que lo gestiona… Por eso negocios como los del gremio de la carne o del pescado y las charcuterías han puesto el grito en el cielo y piden al Gobierno un calendario flexible y gradual hasta 2028, con medidas de apoyo para que ninguna empresa se quede atrás

Las patronales pedían moratorias y desde Pimec se pedían plazos "razonables" y exoneraciones específicas para personas físicas mayores de 60 años sin personal contratado o flexibilidad para colectivos vulnerables, con la posibilidad de prórrogas o ayudas específicas para empresas con baja capacidad tecnológica o económica.

En la misma línea, las patronales estatales Ceoppan —que agrupa las panaderías—, Cedecarne —carnicerías y charcuterías— y Fedepesca —pescaderías— recordaban que en el País Vasco, con la implantación del sistema fiscal propio TicketBAI —que comparte finalidades similares al Verifactu—, fueron sensibles y previeron flexibilizaciones, como que los mayores de 60 años que ejercían una actividad económica sin personal contratado quedaran exentos de la obligación, y establecieron un período más amplio para su adaptación obligatoria.

Los representantes del comercio minorista pedían también deducciones fiscales en el IRPF o en el impuesto de sociedades para hacer más atractivo el cambio y recompensar a los que se adhieran antes, y también ayudar a paliar parcialmente la inversión para la compra de programas informáticos y soporte técnico y formativo.