En un encuentro de alto nivel celebrado este miércoles, el Gobierno ha transmitido a los máximos representantes de los 32 eslabones de la cadena agroalimentaria su firme determinación de actuar como escudo y palanca ante el impacto económico que supondrá la entrada en vigor del acuerdo arancelario con Estados Unidos, que impone una tasa del 15% a las exportaciones europeas.

La reunión, presidida por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y su homólogo de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sirvió como un espacio de diálogo para articular una respuesta coordinada. Ambos departamentos rubricaron su postura en un comunicado conjunto: "El Gobierno va a continuar defendiendo los intereses de las empresas españolas y les acompañará de forma eficiente ante las implicaciones del acuerdo". Este compromiso se materializará, según detallaron, en un apoyo tangible orientado a "la mejora de su competitividad y su internacionalización".

Pese a las intenciones, no se han especificado medidas concretas en esta primera toma de contacto. El ministro Planas ha recalcado la postura oficial española y comunitaria, abogando por "mantener un comercio internacional basado en reglas que asegure la estabilidad en los flujos comerciales", en una clara alusión a la política de impuestos unilaterales del gobierno estadounidense.

Balance del plan de respuesta

Durante la sesión de trabajo, los ministros y los representantes sectoriales evaluaron los efectos de la aplicación de los aranceles durante los últimos cuatro meses, desde la activación del Plan de Respuesta del Gobierno, un período que ha permitido obtener una primera radiografía de las vulnerabilidades y fortalezas del sector.

La convocatoria ha demostrado la extrema preocupación que el asunto genera en la industria alimentaria nacional, al congregar a un espectro inusualmente amplio de agentes del sector. La mesa de diálogo incluyó desde asociaciones de productores y comercializadores de materias primas, como la Asociación Española de Comercio Exterior de Cereales o la de Exportadores de Almendras y Avellanas, hasta grandes interprofesionales de alimentos emblemáticos como el cerdo (Interporc), el vino o el aceite de oliva.

También estuvieron presentes las principales fuerzas sindicales y patronales, como UGT, CC.OO., CEOE y la Cámara de Comercio de España, así como entidades financieras y de seguros crediticios como el ICEX España Exportación e Inversiones y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). La representación del campo español acudió con sus voces más significativas: Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones.

El germen de esta disputa comercial se remonta al pasado 22 de agosto, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, alcanzaron un principio de acuerdo que establece un gravamen del 15% para los productos europeos. Esta cifra, si bien es elevada, resulta menos lesiva que la inicialmente planteada por la administración Trump, que había anunciado para el 2 de abril de 2025 la imposición de aranceles del 20% no solo a la Unión Europea, sino a un gran número de socios comerciales.

Las cifras subrayan la alta exposición de España a este conflicto. Según los datos manejados, España exportó a Estados Unidos productos alimentarios por valor de 1.431,4 millones de euros tan solo en el primer quinquemestre de 2025. El aceite de oliva, con 379,6 millones de euros, se erige como el producto más vulnerable, seguido del vino (131,2 millones) y la aceituna de mesa (80,8 millones), sectores que ahora ven cómo su margen de competitividad en el mercado estadounidense se reduce drásticamente.