El Consejo de Ministros ha dado a conocer este martes lo que será uno de los pilares de la política presupuestaria del próximo año: una transferencia directa desde las cuentas del Estado a la Seguridad Social por valor de 22.881 millones de euros. Esta inyección de fondos, revelada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, tiene como objetivo primordial garantizar el pago de las pensiones a los más de diez millones de jubilados y beneficiarios del sistema.

Más allá del objetivo inmediato, esta medida representa un gesto de voluntad política para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del Pacto de Toledo. Este foro de consenso parlamentario, creado precisamente para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones, establece la necesidad de que el Estado compense a la Seguridad Social por los costes de las prestaciones no contributivas y por las desviaciones provocadas por decisiones políticas, como las revalorizaciones con el IPC.

No obstante, y a pesar de la magnitud de la cifra, la transferencia anunciada no será suficiente para alcanzar el equilibrio financiero de la Seguridad Social. El gobierno español reconoce abiertamente que el sistema continuará registrando un déficit significativo en los próximos años. De acuerdo con las previsiones presentadas, se permitirá a la Seguridad Social un margen de déficit del 0,2% del PIB tanto para 2026 como para 2027, una cifra que equivale a más de 30.000 millones de euros en cada año. Este desequilibrio se reducirá ligeramente hasta una décima del PIB (alrededor de 15.000 millones) para 2028.

Este escenario confirma lo que muchos economistas y organismos internacionales llevan años advirtiendo: la brecha entre los ingresos por cotizaciones y los gastos en pensiones es estructural. Factores como el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y el paro estructural ejercen una presión constante sobre las arcas públicas. La legislatura actual, por tanto, se cerrará con este "agujero" de las pensiones sin resolver, un lastre heredado que el siguiente gobierno, sea cual sea, deberá afrontar como cuestión de máxima prioridad.

Las piezas de un rompecabezas financiero complejo

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez pone de manifiesto la compleja situación en la que se encuentra el sistema. Por un lado, se cumple con el compromiso político y social de mantener el poder adquisitivo de los jubilados mediante revalorizaciones ligadas a la inflación. Por otro lado, esta misma decisión incrementa el gasto de forma sostenida, sin que los ingresos por cotizaciones, dependientes del mercado laboral, crezcan al mismo ritmo. La transferencia de casi 23.000 millones es, en esencia, un parche fiscal que utiliza los ingresos generales del Estado para sufragar una parte del coste de las pensiones.

Este mecanismo, aunque necesario en el actual contexto, abre el debate sobre la sostenibilidad del modelo a medio y largo plazo, y sobre la necesidad de promover reformas más profundas que aumenten los ingresos por vía de la creación de empleo estable y de calidad, o mediante la exploración de nuevas vías de financiación. En definitiva, el anuncio de la vicepresidenta Montero constata una realidad dual: el compromiso indestructible con el mantenimiento de las pensiones públicas y el reconocimiento de una realidad financiera que, de momento, solo se puede minimizar con aportaciones extraordinarias del Estado.