El Gobierno quiere ultimar todos los aspectos del pacto de pensiones firmado con patronales y sindicatos en julio de 2024 y acelerar uno de los aspectos que queda pendiente de regular: la modalidad de jubilación flexible o reversible. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha anunciado este miércoles el próximo inicio de la tramitación de la jubilación reversible, para facilitar que personas ya jubiladas decidan, transcurrido un tiempo y de forma voluntaria, volver a trabajar. Para poder optar a esta modalidad, deberán haber transcurrido "al menos seis meses" desde que el trabajador una vez jubilado decida reincorporarse al mercado laboral con esta opción para poder recibir incentivos.

Según el borrador, los cambios en la regulación elevarían los porcentajes de jornada laboral que debe realizar el jubilado que opte por esta modalidad, y que pasa del 25% y el 75% actual al 40% y el 80%. Es decir, el 40% será el porcentaje mínimo de jornada necesario para la jubilación reversible, a la vez que propone subir la cuantía de la parte de pensión que se sigue recibiendo en hasta un 20%. Es decir, que el jubilado que decida optar por esta opción deberá realizar un trabajo a tiempo parcial entre esos porcentajes, y en función de las horas de trabajo se minorará la pensión en términos equivalentes con el salario percibido.

En el caso de esperar seis meses para volver a trabajar, se recibirá un incentivo sobre la parte de pensión que se siga cobrando. Así, la cuantía de la pensión a percibir (por la parte que no se trabaje) será un 20% superior en el caso de que la jornada parcial sea entre el 60 y el 80%, y un 10% superior si la jornada es de entre el 40% y el 60% de una completa.

El incremento será del 20% independientemente de la jornada en el caso de que se compatibilice con una actividad por cuenta propia, es decir, al emprender como autónomo, una opción que no se contemplaba hasta ahora, aunque con la salvaguarda de no haber estado de alta como autónomo en los cinco años previos a la jubilación. 

En la propuesta, esta modalidad de jubilación se hace compatible con los incentivos a la demorada, que suponen incrementos de la pensión o el pago de una cuantía única en función del tiempo que se retrase la salida definitiva del mercado laboral.