El parque público de vivienda de alquiler de Catalunya ha experimentado una ampliación significativa durante el mandato actual de la Generalitat, con la incorporación de 5.491 nuevos inmuebles entre 2021 y 2025. Este dato, facilitado por la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), refleja una estrategia activa para incrementar la oferta residencial asequible.

El mecanismo jurídico del tanteo, que otorga a la administración prioridad en la compra de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias, grandes tenedores en zonas tensionadas o subastas, ha sido el instrumento predominante. Mediante este procedimiento y su complemento, el derecho de retracto, la AHC ha sumado un total de 5.903 viviendas en la última década, de las cuales 3.071 se concentran en el último lustro.

La inversión media por vivienda adquirida mediante estos derechos de preferencia se ha situado en 65.268 euros, con una ligera variación según la vía específica. La inmensa mayoría de estos pisos, un 88%, ya están efectivamente entregados a inquilinos, integrándose plenamente en la red de alquiler social. El resto se encuentra en situaciones transitorias, siendo la más notable la ocupación ilegal con proceso judicial abierto, que afecta a un 6,4% del total, mientras que otras viviendas están en fase de rehabilitación, adecuación o en los trámites finales de adjudicación.

Esta política de adquisiciones tiene una fuerte implantación territorial, con presencia en una quinta parte de los municipios catalanes. Las principales capitales comarcales y ciudades del área metropolitana de Barcelona acumulan las cifras más altas. Barcelona y Terrassa superan los 400 y 390 viviendas adquiridas, respectivamente, seguidas por Sabadell, Badalona, Tarragona, Hospitalet de Llobregat, Salt y Lleida, todas con volúmenes cercanos o superiores a los doscientos inmuebles. Territorialmente, las comarcas del Vallès Occidental y el Barcelonès concentran más de un tercio del total, evidenciando una actuación intensiva en zonas de presión demográfica más elevada y de mercado.

En paralelo a la actividad de la AHC, el Institut Català del Sòl (Incasòl) ha impulsado una vía complementaria de adquisición directa, sobre todo mediante la compra de lotes a entidades financieras. Entre 2021 y 2025, este organismo ha incorporado 2.420 viviendas adicionales al patrimonio público. Destaca especialmente la última operación, cerrada en noviembre pasado, que supuso la compra de 1.064 pisos a Inmocaixa, la empresa inmobiliaria vinculada a Caixabank. De hecho, ocho de cada diez viviendas obtenidas por esta vía proceden de esta entidad, localizándose en municipios como Barcelona, Lleida o Vilanova i la Geltrú.

Otra fuente de recursos para el alquiler social ha sido la colaboración institucional con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). En la última década, este organismo ha cedido 894 inmuebles a la Generalitat, de los cuales 606 ya están destinados específicamente a alquiler social. Estas cesiones se produjeron principalmente en las anualidades 2015, 2016 y 2018, según la información facilitada por el Departament de Territori en respuesta a una pregunta parlamentaria.

Su distribución comarcal sigue un patrón similar al de las adquisiciones, con el Vallès Occidental, el Barcelonès y el Gironès como territorios más destacados. El reciente protocolo firmado en octubre de 2025 entre el Gobierno y la Generalitat, que prevé la cesión de 13.000 viviendas más de la Sareb, apunta a una intensificación futura de esta línea de colaboración.

En conjunto, los datos muestran un esfuerzo multifacético de la administración catalana para expandir el parque de alquiler social, combinando el ejercicio de derechos de preferencia jurídicos, la compra directa de lotes y el acuerdo con entidades estatales. Aun así, el proceso no está exento de retos operativos, como lo evidencia el porcentaje de inmuebles aún no disponibles debido a ocupaciones ilegales u obras de rehabilitación pendientes.