La Generalitat ha validado una operación financiera que marca un punto de inflexión significativo en su estrategia de endeudamiento de la última década. El Govern volverá a formalizar operaciones de endeudamiento nuevo a largo plazo por un importe total de 292 millones de euros. La operativa se llevará a cabo mediante la contratación de préstamos directos con entidades bancarias del sector privado, un canal de financiación que no se utilizaba para nuevas necesidades desde el año 2012.
Este movimiento pone fin a un período de catorce años durante los cuales la financiación del déficit estructural de la Generalitat se canalizó de manera casi exclusiva a través de los mecanismos de ayuda proporcionados por el Estado, fundamentalmente el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La búsqueda de esta nueva financiación bancaria representa, por tanto, un cambio de paradigma y un intento de normalización de las relaciones financieras de la administración catalana con el mercado de crédito convencional.
Esta operación no es algo aislado, sino el paso más reciente de una estrategia financiera más amplia que la Generalitat ha ido implementando en los últimos años para diversificar sus fuentes de financiación y optimizar los costes de la deuda. En ese período, el ejecutivo catalán ya había iniciado contactos con entidades como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con el que ha cerrado varios préstamos destinados a proyectos de inversión específicos.
Un precedente clave tuvo lugar el pasado verano, cuando la Generalitat llevó a cabo una operación de refinanciación masiva de 3.500 millones de euros de la deuda pendiente con el FLA de 2023. En aquella ocasión, ya se recurrió a consorcios de entidades financieras privadas para sustituir esta deuda con el Estado por un tipo de deuda con la banca, global. Sin embargo, la naturaleza de aquella operación era diferente: su objetivo era refinanciar deuda preexistente, mientras que la operación autorizada está hoy destinada a cubrir nuevas necesidades de endeudamiento derivadas del déficit del ejercicio 2024.
El marco legal
El escenario legal para este movimiento se configuró el pasado diciembre, cuando la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) estableció las nuevas reglas del juego para las comunidades autónomas adheridas al FLA. Esta comisión decidió que estos territorios podrían financiar parte del déficit presupuestario registrado durante el año 2024 mediante operaciones financieras a largo plazo con el mercado, en lugar de hacerlo íntegramente a través del fondo estatal. En el caso concreto de Catalunya, la cantidad asignada para esa vía de financiación privada es precisamente la cifra de 292 millones de euros.
El Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat inició hace varias semanas sus contactos preliminares con las principales entidades financieras operativas en el mercado español y europeo. El objetivo era convocarlas para que presentasen sus ofertas técnicas y económicas para la concesión de estos préstamos. Actualmente, este conjunto de ofertas se encuentra en una fase avanzada de análisis y estudio por parte de los técnicos de la administración catalana.
Uno de los requisitos imperativos establecidos por la autorización del Consejo de Ministros es que el coste financiero de estas operaciones se ajuste estrictamente a los criterios de prudencia fijados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Este criterio establece un límite máximo: el coste de financiación no puede superar el coste de financiación del Tesoro Público español más veinte puntos básicos. Este umbral pretende garantizar que las condiciones sean razonables y eviten un sobrecoste excesivo para las arcas públicas.
Es importante destacar que, pese al aval inicial del Gobierno, la formalización definitiva de los préstamos con las entidades bancarias seleccionadas queda expresamente supeditada a la aprobación final y específica de la autorización de endeudamiento por parte del Consejo de Ministros en fecha posterior. Este proceso en dos etapas refleja el control que el Estado mantiene sobre el volumen y condiciones de la deuda que pueden asumir las comunidades autónomas. La conclusión satisfactoria de esta operación supondría un paso significativo hacia una mayor autonomía financiera de la Generalitat y una prueba de su capacidad para acceder a los mercados de capital en condiciones de competitividad.