El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha sacado su artillería contra el gobierno español por una doble cuestión: la falta de presupuestos generales del Estado (PGE) para 2026 y la incertidumbre generada en torno a la posible subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El máximo representante de los empresarios españoles ha dibujado un panorama de alarma por la falta de previsibilidad económica.

Garamendi ha recordado, con contundencia, que este mismo miércoles se ha agotado el plazo constitucionalmente establecido para que el Ejecutivo presente los PGE de 2026, un trámite que no se ha producido. El dirigente empresarial ha utilizado una analogía contundente para dimensionar la gravedad de la situación: "Un directivo de una empresa estaría en la calle si en tres años no presentara presupuestos a su compañía", ha expresado Antonio Garamendi.

Su crítica, sin embargo, va más allá del simple cumplimiento formal. Garamendi ha enfatizado que la Constitución "no solo establece que se deben aprobar presupuestos, sino también que estos deben ser presentados en plazo", una condición que, insiste, no se ha cumplido. En un contexto macroeconómico marcado por el incremento de la deuda pública, las tensiones inflacionistas y la presión fiscal, el líder de la CEOE ha reclamado transparencia con vehemencia: "Y yo creo que lo mínimo que debemos saber cuando estamos viendo la deuda que hay en España, cuando vemos la transferencia de lo que es el privado al público, cuando vemos el aumento inmenso de lo que son los impuestos, las cotizaciones sociales, etcétera, pues yo quiero ver las cosas".

El segundo gran frente de batalla abierto es la reunión que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantiene hoy con el grupo de expertos que la asesora sobre la subida del SMI. Sobre este punto, Garamendi ha lanzado un ataque directo a la legitimidad de los asesores del gobierno español. "El SMI es competencia del gobierno", ha reconocido, para después añadir con sorna: "No sé cuántos SMI habrán pagado alguna vez o salarios" estos expertos del Ejecutivo.

Su denuncia se ha extendido a lo que percibe como un estilo de gestión poco democrático por parte del Ministerio de Trabajo. "A nosotros no se nos ha llamado", ha lamentado, "pero lo que sí pensamos es que hay una inseguridad total con todos los planteamientos que está haciendo el Ministerio, que cuando gana algo en el Parlamento le parece muy bien y cuando pierde algo no le gusta e inmediatamente ya plantea decir pues ahora lo haré yo. Creo que no es muy democrático".

Esta afirmación es una clara alusión a la polémica reforma del registro horario, que Trabajo pretende impulsar mediante Real Decreto después de no conseguir el apoyo necesario en la Cámara Baja. Garamendi ha insistido en que la suma de estos factores está generando una "inseguridad jurídica muy grande", un clima que, según él, afecta especialmente al tejido de las pequeñas y medianas empresas (pymes), a las que, asegura, se las trata como si fueran "el enemigo".

El Ministerio de Trabajo considera que las empresas tienen margen para subir salarios gracias a sus elevados beneficios. Por su parte, Garamendi ha instado a Yolanda Díaz a ir "a los territorios, a las panaderías, a los pequeños comercios, a los restaurantes y a los bares" y a preguntar allí por los márgenes empresariales. Desde esta perspectiva, las afirmaciones del gobierno español no se corresponden con la realidad del pequeño comercio y la restauración.

"Estamos yendo a buscar a personas, a ir a destruirlas para intentar tener la razón y esto no es así", ha concluido, en un último y emotivo rechazo a la narrativa oficial sobre la salud financiera de las empresas españolas. En conjunto, la intervención de Garamendi refleja un profundo divorcio entre el gobierno español y el mundo empresarial, con la falta de previsibilidad presupuestaria y las tensiones en materia laboral como ejes de una confrontación que parece lejos de resolverse.