El pasado martes, la Generalitat de Catalunya anunció como medida de gobierno que iniciará un proceso de expropiación en catorce municipios de Catalunya en los que tiene ya controlados 185 pisos vacíos de grandes propietarios para ponerlos en alquiler social. Entre los catorce municipios, estaban Cornellà de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt, Tarragona, Valls, Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú. Pero, ¿y Barcelona? ¿Por qué no está en esta lista? Fuentes de la Generalitat explican que el motivo principal es que "Barcelona tiene Carta Municipal y un programa propio de inspecciones" que ya utilizó para poner en marcha expropiaciones. Un proceso que, por cierto, nunca se ha llevado a cabo como se anunció en su inicio. 

La Carta Municipal es un estatuto específico recogido en la Ley 22/1998 que, como gran ciudad que es, otorga mayores competencias municipales a Barcelona. Entre ellas, recoge la posibilidad de "que favorezca una política propia de vivienda, que tenga en cuenta tanto la construcción como la rehabilitación de los barrios envejecidos y que dé especial prioridad a las necesidades de viviendas asequibles y para la juventud". 

Los catorce municipios en los que el Govern comenzará los procesos de expropiación forman parte de una lista de cuarenta y cinco a los que se dirigió para realizar un estudio que detectara cuáles eran los pisos vacíos disponibles. Pero el Govern no hará públicos cuáles son los treinta y uno que se negaron porque "la intención no es señalarlos". El proceso será primero intentar negociar la cesión de la vivienda para el alquiler público y, en caso de negativa, proceder a la expropiación. Entre los que sí que están en el programa tampoco están otros municipios tensionados como L'Hospitalet de Llobregat o Badalona. 

En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, que ya tomó la delantera en el control de los precios, en la obligación de construir un porcentaje de vivienda social en nuevas obras y en otras medidas como el derecho a tanteo y retracto para que la administración tenga derecho preferente a la hora de comprar vivienda a particulares, las expropiaciones no salieron como esperaban. Fuentes del consistorio detallan a ON ECONOMIA que tan solo tienen contabilizadas seis expropiaciones ejecutadas de las seiscientos que anunció en 2018. En su caso, Barcelona apostó por la expropiación temporal, a diferencia de las propuestas por el Govern, que son definitivas.  

Eso sí, algunos de los requerimientos previos a las expropiaciones acaban surtiendo efecto. "Hace poco, se enviaron doscientos requerimientos a viviendas que constaban como vacíos en el registro de la Generalitat y, o bien no lo estaban, o bien se consiguieron movilizar", explican las mismas fuentes. "El Ayuntamiento, entre el mandato pasado y este ha puesto en marcha diferentes estrategias de compra y captación de vivienda para el alquiler social. Y el balance es que la compra (mil seiscientas viviendas desde 2015, en parte por el derecho a tanteo y retracto) y la captación (mil ochocientas viviendas) son vías que han demostrado ser mucho más efectivas, beneficiosas y económicas para la ampliación del parque público que las expropiaciones". 

Representantes de la propiedad inmobiliaria ya han mostrado su rechazo hacia esta medida. Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) la calificaron como "coacción" y se ofrecieron como intermediarios para movilizar el parque privado, según informó ON ECONOMIA.  Advirtieron de que se trata de una medida que no ofrece "confianza" a los inversores y que eso es negativo en un mercado con falta de oferta. 

Desde el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, su presidente, Lorenzo Viñas alertó de que se trata de una medida "lenta" por la saturación judicial y de un alcance "limitado" y llamó a hacer un "pacto de país" que se ocupe sobre todo de movilizar suelo público o habilitar locales de planta baja. API y Col·legi d'Administradors coincidieron en señalar tanto esta medida como los últimos anuncios del gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda como electorales.