El crecimiento del número de animales de compañía es imparable. Según datos oficiales, el Estado tiene registrados 15 millones de perros, gatos y otras especies domésticas, una cifra que refleja la profunda relación que se ha establecido entre las personas y sus animales. Esta vinculación se extiende también a los periodos de ocio: cada verano, un número creciente de familias incluye su mascota en los planes de viaje. La secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, ha confirmado esta tendencia al alza. Y las cifras lo avalan: desde 2022, el número de certificados emitidos para exportar animales de compañía se ha duplicado, hasta alcanzar los 18.363 en 2025. Un aumento que pone de manifiesto la necesidad de disponer de información clara y accesible para todos aquellos que quieran cruzar fronteras con su mascota.
Viajar con animales dentro de la Unión Europea es relativamente sencillo. Las normas están más o menos armonizadas, y el pasaporte europeo para animales de compañía, que acredita la vacunación antirrábica vigente, facilita la movilidad. Pero el panorama cambia radicalmente cuando el destino se encuentra fuera del territorio comunitario. Cada país tercero establece sus propios requisitos sanitarios, que pueden variar significativamente. La finalidad es garantizar la sanidad animal y evitar la propagación de enfermedades, pero la diversidad de normativas convierte el proceso en un rompecabezas que hay que resolver con antelación. Por eso, la recomendación unánime de la administración y de los profesionales veterinarios es muy clara: empezar los trámites con muchos meses de margen.
El protocolo paso a paso
Lo primero que hay que hacer es coger el teléfono y llamar al veterinario de confianza. Esta primera visita sirve para hacer una revisión completa del animal: se comprueba si dispone de pasaporte, cuál es el estado de la desparasitación y qué vacunas tiene administradas. También es el momento de actualizar aquellas que puedan estar caducadas. Una vez hecha esta revisión, el segundo paso es investigar los requisitos específicos del país de destino. La mayoría exigen la vacuna de la rabia al día y una desparasitación reciente. Pero algunos van más allá y piden otras vacunas, como la estetoscopia o el parvovirus. Esta fase es crucial, porque no todos los países piden lo mismo y un descuido puede invalidar todo el proceso. El tercer paso es la segunda visita al veterinario, que se programa unos 10 días antes de la salida.
En esta consulta se elabora el certificado de exportación, el documento que permite al animal salir de España y entrar en el país de destino. Este certificado, sin embargo, no lo entrega directamente el veterinario; debe ser revisado y validado por la administración competente que verifica toda la documentación antes de autorizar el viaje. Los veterinarios advierten que el momento en que se producen más problemas es, con diferencia, el regreso a España. Y el principal escollo es la prueba de anticuerpos contra la rabia.
La Unión Europea exige que los animales que provienen de países terceros con riesgo de rabia presenten un certificado que acredite la presencia de anticuerpos en sangre. Esta prueba no se hace en cualquier laboratorio. En el Estado, solo dos laboratorios oficiales están autorizados para realizarla, lo que implica un tiempo de espera de entre dos y tres semanas para obtener los resultados. Además, la muestra de sangre debe extraerse como mínimo 30 días después de la primera vacunación, lo que alarga todavía más el proceso.
El precio de la burocracia
Una de las dudas más frecuentes entre los propietarios es el coste de todos estos trámites. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aclarado que la certificación oficial realizada por los inspectores de frontera no tiene ningún coste para el usuario. Esta actuación, sin embargo, se inicia en los centros veterinarios que trabajan con la plataforma Cexgam, el sistema telemático para la certificación veterinaria. Son estos centros, mayoritariamente privados, los que fijan sus propias tarifas. Según las necesidades de cada animal y la complejidad de los trámites, el precio final puede oscilar entre los 50 y los 250 euros. Una horquilla amplia que depende de las visitas, las pruebas complementarias y la gestión documental. La Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control de Frontera, en coordinación con la Guardia Civil y personal técnico de aduanas, es la encargada de verificar la documentación a la llegada de los animales a los aeropuertos y puertos autorizados. Y aquí es donde se detectan la mayoría de incidencias.
El problema más habitual, reconocen fuentes de este organismo, es la falta de la prueba de anticuerpos de rabia realizada con una antelación mínima de 90 días antes de la entrada en la UE. Este requisito es innegociable y se aplica a todos los animales que provienen de países considerados de alto riesgo. Las consecuencias para aquellos que no cumplen la normativa pueden ser desoladoras. Si el animal no dispone de la serología favorable y no cumple los plazos, las autoridades pueden ordenar su devolución al país de origen, el aislamiento bajo vigilancia oficial hasta que se puedan cumplir los requisitos o, en casos extremos en que no sea posible ninguna de las opciones anteriores, su eutanasia.
Para evitar estos desenlaces trágicos, la recomendación es tajante: viajar con la serología ya hecha y con un resultado favorable. Esto significa que el animal ha sido vacunado correctamente y que la vacuna le ha generado suficientes anticuerpos para protegerlo. Si se hace la prueba después de volver, aunque el resultado sea positivo, no se puede saber si los anticuerpos provienen de la vacuna o de una posible infección por el virus de la rabia. Como no se pueden distinguir, la UE impone la espera de 90 días para descartar la aparición de síntomas de la enfermedad.