El Gobierno ultima los detalles de una adenda a su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el objetivo principal de agilizar la recepción de los cerca de 20.000 millones de euros que aún restan por desembolsar del total de los fondos Next Generation. Según confirmaron fuentes gubernamentales este sábado, la previsión es presentar esta modificación a la Comisión Europea en el mes de noviembre, una vez que se analicen las opciones técnicas planteadas por Bruselas para acelerar la implementación de estos fondos.

Esta revisión del plan nacional busca articular el resto de transferencias pendientes y simplificar los hitos y objetivos asociados a los desembolsos. De hecho, la solicitud del sexto tramo de financiación se postergará deliberadamente hasta que esta adenda sea aprobada, con el fin de alinear todos los pagos futuros con el nuevo marco simplificado.

La urgencia de esta maniobra responde a la fecha de caducidad inamovible del instrumento Next Generation: el 31 de agosto de 2026. A partir de ese día, cualquier fondo no comprometido o no desembolsado se perderá. La Comisión Europea, consciente del riesgo de que varios Estados miembros no cumplan con los plazos, lleva meses instando a las capitales a acelerar la ejecución y les presentó en mayo un abanico de opciones flexibles para allanarles el camino.

Entre las sugerencias de Bruselas se encuentra la ampliación de aquellas inversiones que ya han demostrado ser exitosas, la transferencia de partidas a otros programas del presupuesto comunitario con horizontes temporales más amplios, como InvestEU o las partidas de defensa, o la fragmentación de medidas para que puedan ser cofinanciadas con fondos estatales o otros fondos europeos, como los de cohesión, que operan hasta 2027.

España es el mayor beneficiario del Mecanismo de Recuperación, con una asignación total de hasta 163.000 millones de euros (en transferencias y créditos). Hasta la fecha, tras la recepción del quinto pago en agosto de 2025, el país ha recibido el 44% del total de las transferencias asignadas, lo que evidencia el importante esfuerzo de ejecución que queda por delante en un tiempo récord.

Ante las opciones planteadas por Bruselas, las mismas fuentes señalan que España "no descarta nada", pero enfatizan que "el gran foco de esta última adenda" no será una reorientación masiva de los fondos, sino la simplificación administrativa.

El objetivo último es garantizar que "lleguen alrededor de 20.000 millones de euros que quedan de desembolso" y gastar "hasta el último euro de transferencias". Respecto a la parte de créditos, de aproximadamente 83.000 millones, el Gobierno ha reiterado que su solicitud no es automática y estará supeditada a la "demanda de los instrumentos financieros" y a una evaluación de su coste en términos de deuda pública.

El calendario que marca Bruselas es estricto. Los Estados miembros tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para cumplir con los hitos y objetivos necesarios para los desembolsos. No obstante, podrán solicitar el pago final hasta el 30 de septiembre de 2026, dejando a la Comisión Europea un margen hasta el 31 de diciembre del mismo año para realizar las transferencias. La adenda que prepara España pretende ser la clave para que el país navegue con éxito este último y crítico tramo de la ejecución del mayor plan de estímulo de la historia de Europa.