España ha perdido cinco posiciones en el ranking de competitividad fiscal internacional desde 2018 y se sitúa en el puesto 34 de 38 países de la OCDE, según el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2025 elaborado por la Tax Foundation. El informe, presentado este lunes por el Instituto de Estudios Económicos, otorga a España una puntuación de 57,9 sobre 100, 11,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea y 12,2 puntos por debajo de la media de la OCDE. El presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, y el director general, Gregorio Izquierdo, han destacado que el resultado refleja un deterioro continuado de la competitividad fiscal española en comparación con las principales economías avanzadas.
El estudio señala que los países que encabezan el ranking, como Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza y Luxemburgo, se caracterizan por sistemas tributarios más simples y neutrales. En cambio, España presenta una presión fiscal normativa que supera en un 17% la media europea y en un 18% la de la OCDE. El IEE considera que este dato evidencia el carácter estructural de la brecha de competitividad fiscal que separa España de las economías de su entorno. La presión fiscal en términos de recaudación ha aumentado en 2,3 puntos del PIB entre 2018 y 2024, mientras que la media europea ha disminuido en 0,6 puntos.
La carga fiscal sobre las empresas
El informe dedica un apartado específico a la fiscalidad empresarial, que el IEE considera un factor clave para las decisiones de inversión y localización de proyectos. Según el estudio, las empresas españolas soportan una presión fiscal superior a la media europea tanto en términos de recaudación como de producto interior bruto. Las empresas aportaron el 33,9% de la recaudación total en España en 2024, frente al 26% de la media comunitaria. La presión fiscal empresarial equivale al 12,5% del PIB, mientras que en la UE es del 10,3%.
El informe señala que, entre 2018 y 2024, la carga fiscal sobre las empresas ha aumentado cinco veces más que en el conjunto europeo. Esta evolución, que el IEE considera un endurecimiento relativo de la fiscalidad empresarial, puede tener efectos negativos sobre la inversión y la competitividad internacional. El tipo nominal del impuesto de sociedades, del 25%, se sitúa por encima de la media europea, y la carga combinada sobre los beneficios distribuidos alcanza el 47,5%, mientras que en la UE es del 38,8%. Las cotizaciones sociales a cargo de las empresas representan el 9,5% del PIB, lo que sitúa a España como el cuarto país de la UE con mayor coste empresarial por este concepto.
La complejidad del sistema tributario
El informe destaca también la complejidad del sistema tributario español, que registra un índice de complejidad de 114,8, casi 15 puntos por encima de la media europea. Esta complejidad se traduce en costes más elevados de cumplimiento para las empresas, que dedican una media de 150 horas al año a preparar, presentar y pagar impuestos, frente a las 113 horas de la UE y las 92 horas de la OCDE. El IEE señala que esta carga administrativa afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
El estudio incorpora también un análisis de la propuesta de la Comisión Europea de elevar el IVA reducido aplicado a hoteles y restaurantes hasta el tipo general del 21%. El IEE considera que esta medida reduciría la competitividad del turismo español, un sector especialmente sensible al precio. El informe defiende la necesidad de una reforma fiscal que reduzca las distorsiones del sistema, simplifique las obligaciones fiscales y refuerce la seguridad jurídica. Según el IEE, mejorar la competitividad fiscal no implica renunciar a la suficiencia recaudatoria, sino favorecer un marco tributario que estimule la inversión y la creación de empleo. La convergencia con la media europea en ámbitos como el paro y la economía sumergida permitiría incrementar la recaudación en más de 39.000 millones sin subir impuestos.