El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha inaugurado este lunes un seminario sobre rentas mínimas e Ingreso Mínimo Vital organizado por la Red Europea Anti Pobreza (EAPN) en la que ha valorado positivamente la gestión del subsidio y no ha comentado los múltiples errores apuntados por sindicatos, plataformas vecinales y afectados. Sin mencionar las cifras recientemente publicadas por ON ECONOMIA sobre denegaciones, inadmisiones y cancelación de solicitudes, Escrivá sí que ha apuntado que "mucha gente pide el Ingreso Mínimo Vital sin necesitarlo".
Fuentes sindicales de la Seguridad Social que trabajan en el día a día están de acuerdo en que eso es cierto y que mucha de la gente que pide el Ingreso está por encima, como ha afirmado Escrivá, "de los niveles de vulnerabilidad" que requiere la prestación. Según publicó recientemente ON ECONOMIA con fuentes de UGT de la Seguridad Social, las 550.000 ayudas concedidas son solo una cuarta parte de los 2,2 millones de solicitudes hechas. Se han denegado 754.000 solicitudes, se han cancelado 177.287 y se han inadmitido 488.680. Además, todavía hay 235.000 solicitudes pendientes.
Escrivá no ha entrado a valorar estas cifras, como tampoco los problemas denunciados por organizaciones vecinales y afectados causados por la reevaluación de la situación económica de los demandados. Basándose en la declaración de la renta y, por lo tanto, en ingresos del año anterior, muchas personas que pidieron la ayuda lo han visto suprimido, incrementado o rebajado sin recibir ningún tipo de notificación. Como han relatado varios testigos a ON ECONOMIA, de repente dejaban de recibir el ingreso sin poder contactar con la Seguridad Social para conocer los motivos.
Ahora bien, el ministro sí que ha defendido la "evaluación continua" en la que se somete la prestación. Escrivá ha reconocido que los requisitos para acceder a la prestación "aumenta la solicitud de información" a los demandantes, pero ha justificado que es preferible hacerlo así a fin de que "no pase como a Italia, donde existe un rechazo generalizado a la renta porque lo recibe demasiada gente." "Si, como pedían algunas voces e incluso académicos, hubiéramos dado la ayuda a todo el mundo que lo pedía con una declaración responsable, tendríamos que haber pedido la devolución de la ayuda a un millón y medio de personas", ha dicho el ministro. En esta evaluación, ha defendido Escrivá, hay que mirar no solo las rentas, sino también el patrimonio, ya que "la desigualdad no solo es de renta, es de renta y de riqueza", ha apuntado.
El Ingreso Mínimo Vital arrancó el año 2020 en medio de la pandemia y para atender a los colectivos más afectados y llega a 550.000 familias y 1,4 millones de personas con ingresos bajos. Dos tercios de los beneficiarios, ha especificado Escrivá, son mujeres, una cuarta parte son familias monomarentals o monoparentales y un 40% de los beneficiarios son niños.
100.000 SMS a personas que no lo reciben
Una de las limitaciones que presenta esta prestación, según han apuntado algunos críticos como la Asociación estatal de directores y gestores de Servicios Sociales, es que no llega muchas veces a las personas más necesitadas porque están excluidas también del aparato burocrático. El non take up es un concepto utilizado por los expertos para definir esta carencia. La plataforma Hogarsí, en su día, lamentó que la ayuda no llega a las personas que viven en la calle.
Al respecto, Escrivá ha resaltado que se ha visto una evolución importante en la relación entre la riqueza de las regiones donde llega el IMV y la cantidad de subsidios que llegan. "Al principio, las regiones con más riqueza tenían más beneficiarios, y eso ha ido evolucionando. Ahora vemos claramente que allí donde llega el ingreso es donde más pobreza hay", ha dicho.
El ministro, sin embargo, ha reconocido que "desgraciadamente, hay un porcentaje siempre significativo de personas que no reciben la ayuda porque no llegamos a ellos o no la solicitan, por mucho que las invitemos". En este sentido, ha asegurado que el ministerio ha enviado "100.000 SMS a personas que lo tenían que solicitar, pero no lo han hecho con el fin de saber qué problemas se afrontan y cuáles se pueden corregir cuando las personas quedan excluidas de este tipo de ayudas. Muchos de los que vieron modificada su prestación por la revisión anual, en cambio, no recibieron ninguna notificación.
En muchas comunidades autónomas, aquellas que tenían una renta social garantizada para las familias vulnerables, el Ingreso Mínimo Vital funciona como complemento de ingresos. En este sentido, Escrivá ha criticado que "hay comunidades autónomas que han visto en el IMV la oportunidad para ahorrarse gasto público", mientras que de otros sí que han conseguido compatibilizar los ingresos de cada administración.
Escrivá también ha resaltado los proyectos de inclusión laboral que acompañan el Ingreso Mínimo Vital, así como la participación creciente d'ONG's del Tercer Sector en el seguimiento de los casos particulares. "Es la primera prestación en la cual las ONG's pueden acreditar situaciones de vulnerabilidad que no se registran", ha destacado.
En la mesa posterior a la intervención de Escrivá ha participado la subdirectora general de objetivos e indicadores de inclusión del ministerio, Ana Guzmán de Torres. Preguntada sobre el hecho, motivo de críticas de sindicatos y entidades, que el sistema tenga en cuenta la declaración de la renta y no datos vigentes a la hora de otorgar la ayuda, Guzmán ha reconocido que no quieren "sobrecargar" de tareas a los demandantes, pero ha afirmado que "la información de lo que están cobrando actualmente no está disponible". "Se intentó de muchas maneras. Es verdad que a las comunidades se tienen en cuenta las rentas actuales y eso conlleva una gestión muy manual, pero con la declaración de la renta nos permite hacerlo de manera más automatizada", ha dicho.
Después de su presentación del seminario, Escrivá ha atendido a los medios de comunicación y ha negado que la falta de personal a la administración pública esté retrasando el pago de jubilaciones, tal como denuncian desde los sindicatos. Las pensiones, ha dicho, se están reconociendo "en una media de menos de 20 días".
Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y otras organizaciones hace tiempo que se movilizan para pedir ampliaciones de personal y aseguran que la falta de manos acaba afectando a las familias vulnerables. Ven totalmente insuficiente la contratación de 1.600 interinos, piden personal fijo y este viernes volverán a manifestarse en Sevilla, después de hacerlo a Madrid, Valencia y Barcelona.