Los teléfonos de las oficinas de la Seguridad Social no paran de sonar. Una vez y otra. Muchas veces, la gente llama solo para pedir una cita. Pero suenan y suenan, y muchas veces nadie puede atender. Más concretamente, casi cuatro millones de llamadas (3.893.671) quedaron sin responder entre enero y diciembre del año pasado por la falta de personal disponible, según informes internos fechados el pasado 22 de diciembre, a los cuales ha tenido acceso ON ECONOMIA por fuentes del sindicato UGT. El tapón que se ha generado con las demandas del Ingreso Mínimo Vital ha hecho además que haya 235.179 peticiones de esta ayuda pendientes de resolver, con esperas que llegan hasta el año.
La ayuda para familias vulnerables llega a 549.670 hogares en las cuales viven 1.542.675 personas, todavía por debajo del objetivo de 850.000 hogares y 2 millones y medio de personas que se marcó el ministerio en su primer año, en 2020, cuando lanzó esta ayuda para familias vulnerables en medio de los estragos de la pandemia. Lo que no explica el ministerio, y denuncian los sindicatos, movilizados desde hace meses reclamando más contrataciones, es que las 550.000 ayudas aprobadas solo son una cuarta parte de los 2.2 millones de solicitudes hechas. Además de las 235.000 pendientes, se han cancelado 177.287, se han denegado 754.288 y se han inadmitido 488.680, siempre con cifras del año pasado facilitadas por los sindicatos. Eso quiere decir que solo se ha concedido una cuarta parte de las solicitudes. "Si es un ingreso vital, como dice la palabra, entendemos que la resolución es de vital importancia y tendría que ser más ágil", dicen a ON ECONOMIA fuentes sindicales.
Las mismas fuentes sindicales cuestionan que muchos de los inadmitidos y denegados lo sean por motivos suficientes y alegan de nuevo las dificultades de gestión para poder garantizar toda la documentación necesaria para sacar adelante la ayuda. "Hemos pasado de rellenar los formularios a los usuarios a tener que cerrarles la puerta en las narices", lamentan. Como prueba de los posibles errores y carencias que se pueden dar en las prestaciones, la Seguridad Social ha perdido 20.473 de los procedimientos que tenía abiertos. Es decir, más de 20.000 personas, que, por errores administrativos o falta de documentación, han pasado meses sin recibir una prestación a la que tienen derecho. Han ganado más, 35.369, pero las fuentes sindicales lamentan que "por cada litigio perdido por la Seguridad Social había un ciudadano que tenía derecho a prestación y ha pasado un calvario judicial sin ver ni un euro".
Fuentes del ministerio niegan a ON ECONOMIA que haya un problema con las demoras, aunque este diario lo ha contrastado con trabajadores de la administración, plataformas vecinales y afectados, y recuerdan que "se han reforzado los servicios telefónicos". Aseguran, contra lo que dicen todas las fuentes consultadas y con contacto diario con las solicitudes, que "no existen problemas para obtener citas telefónicas". Tampoco reconocen como buenas las cifras obtenidas por este diario con relación a las demandas pendientes, "se está al día de la tramitación". Defienden además el valor del bus informativo que recorre las calles de España dando información sobre el ingreso y la contratación de 1.600 interinos, anunciada el pasado mes de septiembre del año pasado y que todavía se está llevando a cabo, e "insuficiente" para los sindicatos, que quieren contratar funcionarios en plantilla.
Las quejas de criterios y ejecución del IMV son muy numerosas. Las entidades de barrios lamentan que trabajan con casos con "esperas de más de un año", que coinciden con la estimación de los sindicatos, tal como explica Roberto Borda, portavoz de la Asociación Apoyo, de Madrid, que atiende a unas 100 personas que están teniendo problemas para resolver su caso. Muestra el documento de una solicitante que espera desde julio de 2021. Además de las esperas para obtener respuesta, el pasado mes de noviembre se ejecutaron unos nuevos cálculos que propiciaron muchos cambios en el importe del Ingreso Mínimo Vital, sin notificar a los afectados por qué se daba. Algunas personas, que dependían de este ingreso para comer o pagar el alquiler, vieron de repente como disminuía o desaparecía de su cuenta sin ni siquiera saber los motivos. Pero además, los cambios de cálculo se hicieron en base a la última declaración de la renta y, por lo tanto, a los ingresos de 2021, de forma que se tenía en cuenta una situación pasada para una pobreza que se vive en el presente.
Una de las personas afectadas es Marleny Briceño, de 58 años, que explica su caso desesperada. "Hice la declaración de la renta del 2022 por teléfono, y me contabilizaron el Ingreso Mínimo Vital del año anterior y un dinero que había recibido de Fogasa por un trabajo anterior que no me habían pagado. En total, unos 8.000 euros. Pero aunque los 6.000 eran del mismo IMV, la Agencia Tributaria me lo contabilizó como una renta laboral y me encuentro con que el pasado mes de noviembre no recibo la cantidad. Pasan los días, no lo recibo, y nadie me notifica nada. Tuve que dejar la habitación donde vivía porque no podía pagar el alquiler, y no sabía qué pasaba, que el error provenía de la declaración, porque nadie me lo notificaba", relata.
"Lloraba y lloraba pegada al teléfono"
Marleny tuvo una suerte que muchos no tienen: le cogieron el teléfono en una oficina. "Es que yo estaba desesperada, lloraba y lloraba pegada al teléfono y llamé durante tres días hasta que me atendieron. Un hombre con muy malas formas me explicó que había superado los ingresos de trabajo. Yo le explicaba que no podía ser, pero él me decía que no le interesaba y me colgó", relata. Entonces Marleny entró en contacto con Roberto, de la plataforma de barrio, y más o menos por aquella época le llegó la notificación con la carta de extinción del subsidio. "Me dejaron de pagar en noviembre y hasta el 22 de diciembre no me llegó la notificación", lamenta. La Agencia Tributaria reconoció el error en la declaración de la renta. Pero ahora les toca esperar una respuesta, todavía sin ingresos, aunque Marleny está pendiente de empezar a trabajar en un bar.
Desde la plataforma, de nuevo, Roberto Borda explica que "las no notificaciones generaron un desastre" y han enviado cartas al defensor del pueblo para quejarse. En una de las respuestas, el defensor del pueblo reconoce que "se han recibido varias quejas similares sobre la falta de información por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre la actualización realizada, y se ha solicitado información al respecto a este organismo". Aunque muchos empiezan a recibir las explicaciones, algunos a fuerza de insistir, todavía hay muchos a la espera. Lo están, en parte, porque como lamentan la plataforma y los sindicatos, "conseguir una cita previa para una oficina de la seguridad social es prácticamente imposible", palabras de Borda, de la plataforma. "Nosotros hemos visto que los sábados por la mañana es cuando abren el procedimiento y nos ponemos aquel día, pero ni así, el otro día sí que obtuvimos una cita para febrero", explica. La saturación varía, claro está, en función de la ciudad, y es por eso que algunos funcionarios han optado por lo que las fuentes sindicales describen como una "deslocalización" del trabajo, instando a la persona a cambiar de oficina por otra menos saturada. "En algunos casos tiene que coger el coche o el tren y hacer unos cuantos kilómetros, pero en las islas se han dado casos de recomendar coger un avión...", relatan desde UGT con resignación.
Desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, hace tiempo que denuncian la vulneración de derechos que se da con el Ingreso Mínimo Vital. José Manuel Ramírez, presidente de la asociación y también del Observatorio estatal de Dependencia y profesor de la Universidad de Málaga, es muy duro con la gestión. "El Ingreso Mínimo Vital es una gincana burocrática, se realiza con unos procedimientos tremendamente complejos", explica. "Y, por otra parte, los procedimientos son muchas veces immisericordes con las personas más vulnerables". Ramírez recuerda que Escrivá se marcó como objetivo llegar a los 850.000 usuarios y, dos años y medio después de su aprobación, todavía está por los 560.000. La diferencia podría haberse alcanzado con las solicitudes pendientes o algunas de las denegadas.
"Tenemos que tener en cuenta que hay un millón de personas en situación de pobreza extrema, y muchos de ellos viven en la más absoluta marginalidad. Muchos de ellos, que viven en la calle, con enfermedades mentales o en situaciones de infravivienda tienen más condicionantes que los económicos. Una vez la gente cae en la exclusión, es muy difícil rescatarla porque ya viven un desarraigo de la sociedad. Por eso hacía falta contar con los Ayuntamientos y con las administraciones autonómicas para detectar y administrar esta ayuda, así como también se podría haber cooperado con las rentas garantizadas económicas para aprovechar la ayuda y la información", reflexiona Ramírez, que también critica el hecho de que se contabilice la renta del año vencido en vez del presente, "el criterio es del pasado cuando la pobreza está presente". La conversación telefónica se cierra con una anécdota que remite en los informes de los sindicatos y a los cuatro millones de llamadas perdidas: "A mis alumnos de Trabajo Social los valoro positivamente la asignatura si son capaces de conseguir una cita presencial en la seguridad social. Tengo 150 alumnos y ninguno de ellos lo ha conseguido".