El debate sobre la revisión al alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha vuelto a situarse en el centro de la disputa económica y social, poniendo de manifiesto la fractura entre las reivindicaciones de justicia laboral y la realidad productiva de las empresas. En este último contexto, el Consejo General de Economistas se ha alzado para abogar por un enfoque de equilibrio.

Su presidente, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha manifestado, durante la presentación del Informe Pyme 2025, que cualquier incremento del SMI, aunque socialmente legítimo, resulta insuficiente e incluso contraproducente si no se vehicula paralelamente a través de una política económica integral que fomente la productividad.

Según Vázquez Taín, la economía española arrastra una baja productividad que lastra su competitividad internacional. “Desde nuestra institución consideramos que este tipo de medidas pueden estar bien planteadas desde una óptica social, pero se quedan cojas si no van acompañadas de acciones decididas que estimulen la eficiencia y el valor añadido”, señala el economista.

Su advertencia es clara: implementar aumentos salariales de forma aislada, sin una visión de conjunto que abarque la totalidad del tejido productivo, puede acabar incidiendo negativamente en la rentabilidad de las compañías, especialmente de las pymes y los autónomos, que conforman la espina dorsal del empleo en el país. Se trata, según el criterio del CGE, de evitar que la mejora de los sueldos se realice a costa de la salud de las empresas que deben pagarlos.

Esta posición técnica choca frontalmente con el discurso político y el calendario de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Precisamente este mismo jueves, Díaz ha expresado su deseo explícito de que la patronal CEOE se sume a un acuerdo por el SMI, después de cinco años de distanciamiento. La ministra se mostró pragmática, señalando que prefiere “un acuerdo con un salario mínimo más modesto, que no uno más elevado pero sin consenso”.

Las declaraciones de Díaz van más allá de una simple convocatoria al diálogo. “Si la patronal entra, mi palabra es clara”, afirma, dirigiéndose directamente al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. En su análisis, Garamendi no cuestiona la necesidad de subir el SMI. “Decir que no hay que subir el salario mínimo es un disparate. Pero no lo discute, porque sabe perfectamente que no hay problema con eso. La cuestión es si decide representar el papel institucional que le corresponde, mejorando y ayudando a sus empresas, como legítimamente hacen los sindicatos con los trabajadores, o hace un papel más cercano al partidismo que a la defensa verdadera del tejido empresarial”, indica la vicepresidenta, trazando así una línea divisoria entre la gestión y la ideología.

Este enfrentamiento dialéctico subraya una dicotomía fundamental: ¿Cómo conciliar la urgencia social de aumentar la renta de los trabajadores más vulnerables con la necesidad estructural de mejorar la competitividad de la economía? La respuesta, según los economistas, no reside en escoger una opción sobre la otra, sino en diseñar una estrategia simbiótica donde el incremento del coste laboral esté compensado por un aumento de la producción y la innovación. Se plantea, pues, un reto de país que requiere más que simples decretos; exige un pacto de estado para la productividad que involucre a administraciones, empresas y agentes sociales en una misma dirección. El reloj, mientras tanto, sigue corriendo para miles de trabajadores y empresas que esperan una solución que no deje a nadie atrás.