El presente 2023 supondrá un aumento del saldo vivo de la deuda del conjunto de las comunidades autónomas de 8.957 millones de euros-, un 2,8% de incremento, hasta 325.853 millones de euros. No obstante, en los tres próximos años, entre 2024 y 2026, se producirá un descenso, modesto, de 312 millones de euros, apenas una décima de bajada, pero que supone que a partir del año próximo se producirá una senda de contención del endeudamiento de los territorios, según un informe de Fedea recientemente publicado. El trabajo, que señala que la subida de los tipos de interés disparará el coste de financiación de la deuda de las autonomías en más de 5.000 millones de euros, hace un cálculo de cómo evolucionará la deuda en cada una de las 17 comunidades, con una evolución dispar.

Los autores de Fedea reseñan el fuerte aumento que registrará este año la deuda conjunta de las 17 comunidades autónomas -en parte para cubrir el déficit fiscal en el que incurrirán en 2023-, pues se elevará desde los 316.895 millones de euros con que cerró 2022 a esos 325.852 euros. Pero este aumento del 2,8% es el último de estas dimensiones, pues en 2024 la subida se limitará a un 0,3%, algo menos de 950 millones, marcando un máximo de 326.796 millones de euros. A partir de ese año, cambia la tendencia de la deuda autonómica, con una primera caída en 2025 de 600 millones de euros (-0,2%) y otros 656 millones (-0,2%) en 2026. Lo que permitirá que en el conjunto de los próximos tres años se acumule esa caída de 300 millones de euros.

Sin embargo, los autores de Fedea dan por sentadas algunas premisas sobre las que han sustentado sus cálculos. La principal es que aceptan las previsiones que el Gobierno hace sobre el déficit público del conjunto de administraciones públicas para el periodo 2023-2026, lo que implica que los territorios tendrán superávit fiscal los años 2025 y 2026. Y, además, que los gobiernos autonómicos serán disciplinados y usarán ese exceso presupuestario en reducir su deuda, aunque la propia Fedea considera que son previsiones optimistas. Por ello, recomienda a las comunidades no embarcarse ni en reducciones significativas de impuestos, ni adentrase “en proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social”.

Desigual comportamiento

Igualmente, al think tank reconoce que el actual sistema de financiación autonómica genera desequilibrios financieros de unas comunidades respecto a otras. Esto explica, en parte, que la reducción del conjunto de la deuda autonómica no llegue por igual a los 17 territorios. En concreto, entre 2023 y la previsión para 2026, solo cinco comunidades rebajarán su nivel de endeudamiento: el País Vasco, con un descenso del 1,7% (187 millones de euros menos que respecto a 2023); Navarra, que aminorará su deuda el 1,6% (53 millones menos), la Comunidad de Madrid, un 1,3% (449 millones de euros); Baleares, 0,5% y 41 millones, y Catalunya, el 0,3% de disminución equivalente a 226 millones de euros. Dos de los territorios más endeudados, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, mantendrán en 2026 una deuda similar a 2023. Los diez restantes tendrán aumentos en sus niveles de deuda, con Extremadura en cabeza (1,3% de incremento), Canarias (0,9%), Galicia y Castilla y León (0,7%), Andalucía, Asturias y Cantabria (0,6%), La Rioja (0,4%), Castilla-La Mancha (0,3%) y Aragón, que elevará su endeudamiento un 0,1% de aquí a 2026.

En términos absolutos, Catalunya mantendrá el mayor volumen de deuda a finales de 2026, 85.806 millones de euros; la Comunidad Valenciana mantendrá el segundo puesto, 57.432 millones; Andalucía, 38.906 millones; la Comunidad de Madrid, 35.249 millones; Castilla-La Mancha, 16.088 millones; Castilla y León, 13.696 millones; Galicia, 12.373 millones; Murcia, 12.130 millones; País Vasco, 10.885 millones; Aragón, 9.203 millones; Baleares, 8.951 millones; Canarias, 6.738 millones; Extremadura, 5.390 millones; Asturias, 4.357 millones de euros; Cantabria, 3.467 millones; Navarra, 3.176 millones y La Rioja, 1.693 millones. No se producen variaciones respecto al ranking al cierre de 2022.

Relación al PIB

Sin embargo, la mejor manera de comparar la deuda pública es el ratio del endeudamiento en relación con el producto interior bruto de cada territorio. En este sentido, se produce un gran avance, pues la deuda se mantendrá estable, con una ligera tendencia a la baja en algunas comunidades, mientras que se prevé crecimientos generalizados del PIB para los próximos cuatro años. Eso permitirá que el conjunto de la deuda de las 17 comunidades se reduzca del 24% del PIB conjunto al cierre de 2022, al 20,3% a finales de 2026.

Sobre este ratio, el mayor descenso se producirá en la Comunidad Valenciana, 6,1 puntos porcentuales (PP), hasta colocarlo en el 38,3% de su PIB previsto en 2026, que, aun así, será el porcentaje más alto de todos los territorios. Catalunya rebajará el ratio en 5,3 pp, hasta el 28,1% -casi ocho puntos por encima de la media del conjunto de los territorios-; Castilla-La Mancha, 4,8 pp y un 28,6%; Baleares, 4,4 pp, al 22,2%; Murcia, 3,9 pp y un 28,3% sobre su PIB; Cantabria, 3,4 pp y un 18,8%; 3,3 pp Aragón, que coloca su ratio en el 18,2% del PIB; Andalucía 3,2 pp hasta el 18,2% y 3,1 pp Castilla y León (17,7% de su PIB) y Extremadura (20,1%). Con reducciones por debajo de los 3 puntos porcentuales, Galicia rebaja su ratio deuda/PIB 2,5 pp hasta el 14,7%; cae 2,4 pp en Asturias (14% del PIB) y en Navarra (11,7%); País Vasco reduce su deuda 2,3 pp (11,4% de su PIB, el ratio más bajo de las 17 comunidades autónomas); La Rioja 2,2 pp (14,8%) y una bajada de 1,9 pp Canarias, al 11,9% de su PIB.