El decreto anticrisis del Gobierno entra en una nueva fase con dos velocidades: las ayudas extraordinarias aplicadas a la electricidad y al gas doméstico empiezan a retirarse, mientras que buena parte de las medidas dirigidas a los carburantes y algunos sectores económicos continuarán vigentes. El cambio responde al mecanismo que vinculaba determinadas rebajas fiscales a la evolución de la inflación y de los precios energéticos.
El objetivo de estas medidas es el de reducir el impacto inmediato sobre hogares, empresas y actividades especialmente expuestas a los costes energéticos. Ahora, parte de ese paquete comienza a desaparecer.
El principal cambio es que acaban las rebajas de la luz y el gas. Esto será lo que más afectará a los consumidores, por lo que la factura poudría encarecerse hasta un 15%. En el caso de la electricidad, el IVA reducido desaparece y vuelve el tipo general del 21%. También deja de aplicarse la rebaja extraordinaria del impuesto especial eléctrico, que se había reducido temporalmente al 0,5%. Estas medidas habían sido uno de los elementos que más contribuyeron a suavizar el coste final de la factura durante los meses de mayor tensión energética.
El mismo cambio afecta al gas natural y a otros combustibles domésticos utilizados para calefacción, como briquetas y leña, que pierden igualmente el tratamiento fiscal reducido aplicado durante la etapa más intensa de la crisis. Para muchas familias, esto no significa necesariamente un aumento idéntico para todos los hogares: el impacto dependerá del consumo, del tipo de contrato y de la evolución del mercado mayorista de la energía.
La retirada de ayudas no es completa. El Gobierno mantiene de forma temporal la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), el gravamen del 7% aplicado a los productores. La intención es evitar que el regreso de otros impuestos tenga un efecto todavía mayor sobre el precio final. Además, siguen activos mecanismos de protección para determinados consumidores vulnerables.
El bono social continúa
Los hogares acogidos al bono social eléctrico mantienen los porcentajes reforzados de descuento: 42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para consumidores vulnerables severos. La continuidad de estas ayudas busca evitar que la retirada general de medidas tenga un impacto más acusado entre los hogares con menor capacidad económica.
Carburantes
La situación es distinta para gasolina y diésel. El Gobierno considera que la evolución de estos precios todavía justifica mantener parte de las medidas de apoyo. Por ello continúan: el IVA reducido aplicado a carburantes; la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos hasta niveles mínimos permitidos; y la devolución parcial del gasóleo profesional para transportistas. En la práctica, esto significa que el coste de repostar no experimentará el mismo cambio inmediato que sí tendrán las facturas de electricidad o gas.
Apoyo a determinados sectores
El decreto no se limita únicamente a consumidores particulares. También mantiene instrumentos de apoyo a actividades económicas especialmente sensibles a los costes energéticos y al precio de los combustibles. Entre ellas destacan: agricultores, ganaderos y pescadores; empresas de transporte; y programas vinculados a eficiencia energética y electrificación.
También continúan medidas como el límite al precio de la bombona de butano y determinados incentivos para instalaciones de energías renovables y puntos de recarga eléctrica.