La Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) ha alertado al Govern que uno de cada cinco promotores catalanes (19%) o empresas promotoras que trabajan en obras de nueva construcción de viviendas en Catalunya han trasladado sus inversiones en otros territorios del Estado, después de la aprobación de la ley de vivienda del Gobierno y que Catalunya haya sido la única comunidad que haya pedido aplicar el índice de referencia del precio del alquiler.
El presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, ha explicado en rueda de prensa los resultados de una encuesta realizada por la entidad, de la que se desprenden los efectos de la ley estatal, así como las previsiones ante su entrada en vigor de la ley catalana de vivienda, que contempla zonas tensionadas de alquiler, el próximo 13 de marzo. Según ha asegurado, la nueva regulación genera muchas dudas y tensionará "todavía más" el mercado de alquiler. Xavier Vilajoana ha detallado que estas promociones, destinadas al alquiler y en venta, han optado por la Comunidad de Madrid, Málaga u otros lugares en busca de más "seguridad jurídica". Además, el 56% de las empresas promotoras aseguró que había desestimado alguna promoción a medio plazo en modalidad de alquiler, cosa que ha tenido un impacto negativo en el mercado de alquiler cifrado en más de 1.100 viviendas.
El sondeo de APCE fue realizado el cuarto trimestre del 2023 y reveló que, desde la aprobación de la ley española en mayo, el 32% de las empresas había puesto a la venta o dejado vacantes pisos que gestionaba de alquiler; los encuestados cuantificaron en más de 500 las viviendas reorientadas del alquiler en venta a causa de la incertidumbre sobre la rentabilidad económica y la falta de seguridad jurídica. La patronal del sector insiste en el hecho de que, a diferencia de lo que se quiere hacer entender, "es un sector muy atomizado, el 80% son pequeños propietarios, grandes tenedores solo son un 10-20%", ha dicho, después de asegurar que la Generalitat y los ayuntamientos son los grandes tenedores del mercado de alquiler de Catalunya. Al mismo tiempo, avisa de que en el último mes, APCE ha tenido un alud de llamadas de gente que no lo tiene claro y que se plantea retirar su activo del mercado de alquiler para ponerlo en venta a causa de las nuevas normativas, cosa que, avisa, reduce la oferta.
"Tenemos que procurar que nuestro sector funcione, nos rebelamos contra decisiones políticas y cambios legislativos que no funcionan y así se ha ido demostrando en los últimos años demasiadas veces desgraciadamente", ha dicho Vilajoana, después de subrayar que su posición no es política, ya que entre a los asociados de APCE -más de 1.100- figuran ayuntamientos, fundaciones, cooperativas, empresas medias y pequeñas o constructoras, entre otros.
Mensaje para las administraciones
El presidente de la entidad ha pedido "autocrítica" a las administraciones porque "los presupuestos de la Generalitat están a un 10% de lo que se invierte en otros países como Holanda, Alemania, Austria o Francia, no solo en inversión directa, también ayudas en políticas de vivienda", en declaraciones que recoge Europa Press. Asimismo, ha recordado que hace dos años entraron en vigor los Next Generation, y una parte de las ayudas estaban destinadas a la promoción pública de alquiler por parte de los ayuntamientos, "pero ha aflorado de repente suelo público que no se conocía" y los municipios han empezado a pedir ayudas hasta el punto, según sus palabras, que la demanda ha superado la oferta de alquiler social. "El alquiler y la venta son vasos comunicantes, lo han sido y lo serán siempre, no se pueden hacer políticas de alquiler sin tener en cuenta las ventas", ha dicho Vilajoana.