A seis días de que el próximo día 13 entre en vigor el índice de precios del Gobierno que regulará los alquileres en Catalunya, el sector inmobiliario no tiene instrucciones de que tenga que cambiar los precios de sus anuncios. Y, por ahora, no lo harán, a no ser que así lo indiquen los propietarios, a quienes se les informará del índice, pero ellos tendrán la última palabra sobre los precios. Preguntados por ON ECONOMIA, los principales portales, Idealista, Fotocasa y Pisos.com, así como Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) coinciden en su papel: son intermediarios e informarán a los propietarios, pero no tienen potestad para cambiar los precios ni se les puede sancionar por tenerlos por encima del precio que marca el índice.
Fuentes de Idealista señalan, además, que sus anuncios incorporarán la información del índice de referencia para que el usuario que busque vivienda de alquiler sepa si el precio está dentro o no de los parámetros de la ley. "La ley no nos obliga a hacer nada y no podemos controlar todos los anuncios, pero hemos tomado esta medida proactiva de informar", apuntan desde Idealista.
"En la ley catalana, se nos informó mejor de los requisitos del anuncio, esta vez no hay ninguna mención a la publicidad", aporta Ferran Font, director de estudios de Pisos.com. Fotocasa, por su parte, argumenta en un comunicado que "como intermediarios" no son responsables de la información publicada, si no la han elaborado, y añade además, que no tienen acceso a la información clave para aplicar el índice de referencia: si la vivienda es de un gran tenedor o nuevo en el mercado de alquiler.
En efecto, el nuevo índice aprobado por el Gobierno, que tan solo será aplicado en Catalunya porque es la única comunidad que lo ha solicitado, prevé una rebaja de los precios en los nuevos contratos de grandes tenedores o bien de viviendas que no hayan estado en los 5 años anteriores en alquiler. Los pequeños propietarios que pongan su piso o casa en alquiler y ya lo estuvieran previamente, simplemente no pueden subir los precios por encima de lo que marca el índice. Éste es un abanico con un mínimo y un máximo calculado como promedio de lo que valen los alquileres a partir de varios datos, sobre todo de declaraciones de la renta, pero también del Banco de España.
Las zonas tensionadas las aprueba el Gobierno español a propuesta de las comunidades autónomas, pero tan solo Catalunya ha mostrado su interés por regularlo, por lo que será la única comunidad donde se regularán los precios. Ningún nuevo contrato de alquiler en zona tensionada, además, podrá subirse por encima del 3%.
Dudas y "confusión"
Desde el sector inmobiliario, el portavoz de la Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Carles Sala, lamenta la "confusión" y la "situación desconexa" generada por el nuevo índice. "El índice de precios es solo para nuevos propietarios y nuevos alquileres", recuerda Sala, que añade que "habrá que ver qué pasa con las excepciones", como, por ejemplo, los pisos rehabilitados o los contratos de hasta 10 años, que sí que podrán registrar subidas de más del 3%.
"Estamos sorprendidos por la falta de coordinación institucional entre las instituciones catalana y española", añade Sala, abogado especializado en vivienda y exsecretario de Habitatge del Govern entre 2011 y 2018 con Artur Mas como presidente y entre 2021 y 2022 con el actual presidente Pere Aragonés. "Cuando entre en vigor, nosotros haremos sesiones informativas en función de lo que diga la resolución y las inmobiliarias se adaptarán al marco legal", explica Sala, que prefiere el abanico actual con un "margen para negociar" que el índice fijo que aprobó la Generalitat en 2021 y fue tumbado después por el Constitucional.
Sala, además, cuestiona el hecho de que "no se ha informado sobre la metodología para realizar el índice" y critica que los pisos de más de 150 metros cuadrados hayan quedado fuera del índice, así como otras imperfecciones. "Creemos que, como viene sucediendo desde que se aprobó la Ley de Vivienda, la oferta de alquiler en zonas con mucha demanda seguirá cayendo. El pequeño inversor irá hacia otros lugares, por la inseguridad jurídica", añade. Otras fuentes del sector inmobiliario esperan las instrucciones de los API, que aún no han recibido, pero explican que ya están informando a los propietarios del índice que deberán cumplir.
🏡 ¿Quién pondrá las multas?
Entre las críticas al nuevo índice, Ferran Font, de Pisos.com, asegura que "en la aplicación del índice catalán, se nos incluyó como interlocutores activos y tiene sentido, porque el 90% de los alquileres parten de internet". Font dice que esto ahora no ha pasado y explica que, por ahora, no intervendrán sobre los precios, porque nadie les ha informado de que deban hacerlo. "El índice catalán dejaba claro que la publicidad del inmueble debía cumplir unos requisitos y nos adaptamos a ello. En la actualidad, todo está en el aire. Nadie nos ha explicado cuál es nuestra responsabilidad, hay muchas dudas", plantea Font, al tiempo que recuerda que "no queda claro quién tiene que garantizar la aplicación de la ley", si el Gobierno o la Generalitat.
Mientras que desde el Ministerio de Vivienda aseguran que esta competencia es de las comunidades, fuentes de la Generalitat apuntan que aún están estudiando cómo aplicar las sanciones y el control de la regulación de precios. "La ley la aplicará la justicia ordinaria mayoritariamente, con denuncias por el incumplimiento del índice", apuntan fuentes de la Moncloa.
Pero hay más dudas. "¿Cómo se le explica a un potencial inquilino que la persona propietaria es un gran tenedor? ¿Debemos informarlo en el portal? ", se pregunta Font, que añade que Pisos.com está "a la expectativa" de nuevas directrices sobre cómo aplicar la ley.
Desde Fotocasa, aseguran que no tienen acceso a la información sobre el tipo de propietario y que, por tanto, no pueden aplicar ellos el índice. "Como intermediarios neutros de alojamientos de datos, la LSSI determina que no somos responsables de la información que alojamos si nosotros no la hemos introducido, ni tenemos una obligación de supervisión previa o activa. Sin embargo, sí tenemos la obligación de retirar contenido fraudulento, si tenemos conocimiento efectivo de que un anuncio infringe dicha normativa, una práctica que siempre hemos llevado a cabo", añaden.