La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe en el que insta al Gobierno a reconsiderar la introducción de una prohibición general de la publicidad de los combustibles fósiles, una medida prevista en el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible. El organismo regulador advierte que una restricción de este alcance podría tener efectos sobre la competencia y la libertad de empresa, y propone explorar vías alternativas que permitan alcanzar los objetivos ambientales sin generar distorsiones en el mercado.
El documento, que analiza diversos aspectos de la propuesta legislativa impulsada por el Ministerio de Consumo, pone el acento en la necesidad de justificar cualquier intervención pública desde el respeto a los principios de libre competencia y proporcionalidad. En este sentido, la CNMC sugiere que, en lugar de aplicar un veto generalizado a la publicidad de los carburantes, sería más adecuado recurrir a instrumentos menos invasivos, como campañas de concienciación ciudadana o incentivos para promover hábitos de consumo más sostenibles. Estas alternativas, según el informe, permitirían avanzar en la transición ecológica sin afectar de manera desproporcionada la actividad de las empresas del sector.
El marco europeo y la competitividad empresarial
Uno de los argumentos centrales que esgrime la CNMC en su informe es la inexistencia, en la actualidad, de una norma comunitaria que establezca una prohibición general de la publicidad de los combustibles fósiles. Esta falta de armonización a escala europea comporta, según el organismo, que una eventual restricción de ámbito estatal pueda situar a las empresas españolas en una posición de desventaja competitiva respecto de los operadores de otros países de la Unión. La Comisión advierte que esta asimetría regulatoria podría incentivar la deslocalización de inversiones o dificultar la competencia en igualdad de condiciones dentro del mercado interior.
El informe subraya que, si bien la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático son objetivos legítimos y compartidos, las medidas que se adopten para alcanzarlos deben respetar el principio de proporcionalidad y no imponer cargas innecesarias a las empresas. En este contexto, la CNMC recuerda que el derecho de la Unión Europea reconoce la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios como pilares fundamentales del mercado único, y que cualquier restricción nacional debe estar debidamente justificada y ser adecuada para alcanzar el objetivo perseguido.
La regulación de los precios dinámicos
Más allá de la cuestión publicitaria, el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible también aborda la regulación de los llamados precios dinámicos, un sistema utilizado por numerosas empresas para ajustar sus tarifas en función de la demanda o de otras variables del mercado. La propuesta del Ministerio de Consumo pretende evitar que, en situaciones de emergencia o de crisis, se puedan producir incrementos abusivos de precios que perjudiquen a los consumidores. No obstante, la CNMC considera que cualquier intervención en este ámbito debe preservar la flexibilidad inherente a estos sistemas, que considera una herramienta competitiva valiosa tanto para las empresas como para los usuarios.
El organismo supervisor defiende que la prioridad no debería ser limitar la capacidad de las empresas para ajustar los precios, sino reforzar la transparencia de los mecanismos que utilizan para hacerlo. En este sentido, propone que la normativa establezca con claridad cuáles son las obligaciones de información que deben cumplir las compañías, de manera que los consumidores puedan conocer con antelación los criterios que determinan las variaciones de precios y puedan tomar decisiones informadas. La CNMC advierte, sin embargo, que estas obligaciones deben definirse con precisión para evitar el uso de conceptos demasiado amplios o ambiguos que dificulten su aplicación práctica y generen inseguridad jurídica.
El equilibrio entre la intervención pública y la libertad de empresa
El informe de la CNMC concluye con una reflexión de carácter general sobre los límites de la intervención pública en la actividad económica. El organismo recuerda que cualquier medida que introduzca restricciones o limitaciones debe partir del reconocimiento explícito de la libertad de empresa, un principio reconocido constitucionalmente. Asimismo, subraya la necesidad de que estas intervenciones respondan a razones imperiosas de interés general, debidamente acreditadas, y que se justifique por qué no existen alternativas menos restrictivas que permitan alcanzar los mismos objetivos.
En el caso concreto del anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, la CNMC considera que el Gobierno debería revisar algunos de sus planteamientos para asegurar que la normativa final sea proporcionada, respetuosa con la competencia y compatible con el marco jurídico europeo. El organismo se muestra dispuesto a colaborar en la mejora del texto legislativo y ofrece su experiencia para diseñar mecanismos que protejan a los consumidores sin generar distorsiones innecesarias en el funcionamiento de los mercados.