La inmigración está en el centro del debate. Algunos partidos la han situado ahí y el Gobierno no ha sido ajeno y ha actuado con el anuncio de regularización masiva de medio millón de personas inmigradas en situación irregular. Las patronales aplaudieron la medida porque la inmigración ha sido clave en el crecimiento económico de España y Catalunya en los últimos años, pero algunos economistas están advirtiendo que hay que ir con cuidado con el modelo económico y las consecuencias de estos flujos migratorios. El Cercle d'Economia entra ahora en el debate y va en esta línea: la inmigración es necesaria, pero hay que controlarla.

Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle d'Economia, ha presentado este jueves la última nota de opinión de la institución, titulada La necesidad de una política migratoria: modelo productivo, integración y bienestar social. El título ya es una declaración de intenciones: el Cercle aboga por una política activa, no reactiva, que frene los flujos masivos y promueva la llegada de menos personas y más cualificadas. Solo así Catalunya podrá avanzar hacia un modelo productivo de más valor, con crecimiento del PIB per cápita y no solo del PIB, y evitar las tensiones crecientes que el fenómeno provoca en los servicios sociales y la vivienda.

“No se trata solo de un fenómeno demográfico, sino de un factor estructural que incide en el modelo económico, la cohesión social, la sostenibilidad del estado del bienestar y la calidad del debate democrático”, advierte el Cercle, que reconoce sus cosas buenas: “Catalunya ha sido históricamente un país de inmigrantes, y esta realidad ha sido un elemento clave de su crecimiento económico y progreso social. También las oleadas migratorias de los últimos veinticinco años han tenido efectos positivos indiscutibles”.

No obstante, advierte también de la parte negativa: “Esta ola no ha estado exenta de problemas y ha puesto de manifiesto las limitaciones del modelo vigente. En buena parte, el aumento muy intenso de la inmigración ha sido a la vez consecuencia y motor de un modelo de crecimiento extensivo, basado en el incremento de la población y de la ocupación, pero con baja productividad. Este modelo ha permitido sostener el crecimiento del PIB y la ocupación, pero ha generado ganancias muy limitadas de renta per cápita y una pérdida de posiciones relativas en el contexto europeo”.

Las olas también han tenido consecuencias sociales: “Difícilmente se puede garantizar, a medio y largo plazo, la sostenibilidad del sistema de bienestar. (...). La rapidez del proceso migratorio también ha tensado el mercado de la vivienda, en el que la oferta ha crecido muy por debajo de la demanda, así como los servicios públicos esenciales —educación, sanidad y servicios sociales—, lo que ha dificultado la gestión de la cohesión social. Estas tensiones no afectan a todos por igual: impactan con más fuerza en los colectivos con menos recursos, y alimentan una percepción social de competencia por los mismos bienes escasos”.

Inmigración más moderada y ordenada

A pesar de estos problemas, el Cercle constata que “las proyecciones demográficas indican que la inmigración continuará siendo necesaria a medio plazo para compensar la caída de la población en edad de trabajar”, pero aboga por cambiar el modelo migratorio, hasta ahora reactivo, con el objetivo de que contribuya a cambiar el modelo productivo.

“Desde una perspectiva de bienestar colectivo, la apuesta debería ser clara por un modelo más intensivo en productividad, compatible con una inmigración más moderada en volumen, más ordenada y alineada con las necesidades y las capacidades reales del país”, explica la nota. Además, defiende que “hay que modular los flujos según las capacidades reales para garantizar una acogida e integración efectiva”.

“El sistema actual condena a los inmigrantes a un mínimo de dos años de precariedad y genera entre 500.000 y 700.000 personas en situación irregular. El Cercle pide introducir cambios en la gestión del flujo migratorio, revisar el mecanismo de arraigo y reforzar la atracción de talento cualificado. Y para mejorar la integración y la cohesión social, propone establecer un marco claro de derechos y deberes”, concluye.

Advertencia a derecha e izquierda

La nota de opinión pica el crostón de los partidos políticos que, sea desde la extrema derecha o la izquierda, simplifican el problema: “La inmigración no puede ser abordada ni desde el populismo, que simplifica e instrumentaliza el malestar, ni desde el buenismo, que tiende a negar tensiones reales y a aplazar los debates incómodos. Es hora de afrontar el debate con valentía, de entender el fenómeno migratorio en todas sus dimensiones y de articular una política rigurosa y con visión de medio plazo que sea coherente con las necesidades y las capacidades del país”.

Además, interpela, sin mencionarlos, al PSOE y al PP, los dos grandes partidos en el ámbito estatal, a los que pide un pacto en la materia: “El reto es de tal magnitud que solo será posible abordarlo con posibilidades de éxito si la inmigración se trata como una verdadera política de Estado, buscando el máximo consenso posible. Esto interpela al conjunto de partidos políticos, y muy directamente a los dos partidos mayoritarios”.

La nota de opinión ha sido elaborada por un grupo de expertos formado por Carles Campuzano, diputado de ERC en el Parlament de Catalunya y exconsejero de Derechos Sociales entre 2022 y 2024; Josep Mestres, economista jefe de la unidad de economía española de CaixaBank Research, y Joan Monras, profesor de Economía de la UPF.