La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) obtuvo en 2022 un “superávit presupuestario” de 2,1 millones de euros, lo que supone multiplicar por 2,6 veces los 822.000 euros de los resultados de 2021. El incremento del superávit presupuestario se explica por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN) en un pleito que se remonta a 2017 por los fondos entregados por el Ministerio de Trabajo para desarrollar cursos de formación. Durante el pasado año, la AN dio la razón a la CEOE por lo que la patronal ha decidido levantar una provisión de 1,39 millones de euros dotada desde 2017 para hacer frente a una posible devolución de los fondos de formación. Las cuentas de la patronal han sido aprobadas este miércoles por la Asamblea General.
Por otro lado, la partida de ingresos procedentes de subvenciones públicas se disparó el año pasado, según la auditoria de las cuentas de la CEOE realizada por Deloitte. Así, en 2022 constan en la cuenta de resultados de la patronal 9,516 millones de euros en “subvenciones de explotación incorporadas al resultado” frente a los 2,1 millones de 2021. La mayoría de los fondos corresponden a “subvenciones del Estado”, 9,026 millones de euros (frente a 1,657 millones de 2021) y otros 490 millones a “subvenciones de otros organismos públicos”, sobre los 443 millones de 2021. Respecto a los salarios, Antonio Garamendi recibió el pasado año 365.000 euros en concepto de “representación”, un 3,4% más que en 2021, y el secretario general, José Alberto González-Ruiz, 256.000 euros, por contrato de "alta dirección", un 3,25% más que en 2021.
Subvenciones para formación
La mayoría de las subvenciones proceden del Plan de Formación Digital, 7,66 millones de euros, aunque no se puede considerar una subvención propiamente dicha, pues la CEOE, al igual que los sindicatos, funciona como un “gestor de los fondos” sin obtener ninguna ganancia por ello, más allá del coste que genera el departamento de formación, según señalan en la patronal. Es decir, los 7,66 millones tienen que haberse dedicado íntegramente a cursos de formación, en este caso ligados a la digitalización. El resto, 1,86 millones son subvenciones, aunque con objetivos finalistas. Así, 711.000 euros los ha recibido del Ministerio de Trabajo para el desarrollo del diálogo social y de la negociación colectiva. Se compensa con esta subvención el coste que supone el tiempo empleado por miembros de la CEOE en las distintas mesas de negociación o su participación en la negociación de los convenios colectivos.
El resto del dinero lo recibe la CEOE por la representación institucional que ostenta en distintos organismos públicos. El informe de Deloitte cita en concreto el Instituto de Comercio Exterior (Icex), el Centro Económico Social (previsiblemente se refiere al Consejo Económico y Social-CES) y al Ministerio de Trabajo, “así como para la realización de otros proyectos finalistas”.
Un largo proceso judicial
La aportación a la cuenta de resultados del ingreso extraordinario por la sentencia de la Audiencia Nacional está contabilizada como un ingreso procedente de un “exceso de provisiones”. Por tanto, no se trata de un “ingreso”, sino más bien de la recuperación de unos fondos que la CEOE ha mantenido congelados, por si finalmente el proceso judicial implicase la devolución al Sepe de los fondos adelantados para los cursos de formación del año 2010. Se trata, pues, de un largo proceso.
La Intervención General del Estado detectó en 2017 anomalías en la subvención otorgada por el Sepe tanto a la CEOE como a Cepyme por los cursos de formación de 2010. En 2017, el Sepe remitió una resolución a las patronales solicitando la devolución de un total de 12,97 millones de euros (5,1 millones a la CEOE y otros 7,87 millones a Cepyme), dinero que se provisionó en las cuentas de la patronal en previsión de una posible devolución. Los servicios jurídicos de las organizaciones empresariales presentaron recursos contencioso-administrativos y en 2019, el Sepe rebajó la demanda en 8,53 millones de euros, reduciendo su petición a 4,44 millones, 1,39 a la CEOE y 3,05 a Cepyme).
El proceso judicial ha seguido su curso y el pasado año la Audiencia Nacional sentenció en contra del Gobierno en el caso de la CEOE, aunque la sentencia está recurrida por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo. Aun así, el departamento jurídico de la patronal ha aconsejado reducir la provisión de esos 1,39 millones, aunque todavía podrían tener que hacerles frente, si el Supremo da la razón al Gobierno. Aun así, quedan dotados en el balance de la CEOE los algo más de 3 millones correspondientes al proceso judicial de la reclamación de los fondos de Cepyme.
Ingresos por cuotas
Al margen del extraordinario y las subvenciones, el pasado 2022 la CEOE obtuvo unos ingresos de 13,64 millones de euros procedentes de las cuotas y aportaciones de las organizaciones y empresas asociadas a la Confederación empresarial, lo que supone un incremento del 6,1% sobre 2021. El aumento se explica por la incorporación de nuevos socios y por el incremento de las aportaciones de algunas organizaciones que han aumentado el número de vocales que les permite aumentar su capacidad de voto. Respecto a la principal partida del gasto, personal, ascendió el pasado año a 9,17 millones de euros, un 10,06% de aumento por el incremento de plantilla y el incremento del 3,4% de los salarios, según lo pactado en el convenio de oficinas al que está adscrita la patronal.