Catalunya recibirá este año 414 millones de euros del Estado en traspasos para Políticas Activas de Empleo, prevenientes del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Entre las comunidades autónomas con competencias asumidas en la materia, Catalunya es la segunda con más recursos asignados, por detrás de Andalucía, que recibirá 417 millones. En tercer lugar figura la Comunidad de Madrid que recibirá 344 millones de euros en 2026.
La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales acordó este jueves el reparto territorial de un total de 2.571 millones de euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la gestión de las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito de las Políticas Activas de Empleo. El consenso de las comunidades autónomas fue prácticamente total, con un solo voto negativo al reparto, según comunicó el Ministerio de Trabajo.
Los fondos se destinarán a financiar programas y servicios de políticas activas de empleo incluidos en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED), diseñados para mejorar la empleabilidad y adaptarse a las necesidades del mercado laboral según la situación de cada comunidad autónoma.
En Catalunya, las políticas activas de empleo de la Generalitat son gestionadas por el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) y se estructuran en cuatro ejes: orientación profesional, formación para el empleo, fomento de la contratación y apoyo al emprendimiento. El Govern complementa con recursos propios el presupuesto para estos programas.
Según consta en el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026, de reciente aprobado, las políticas activas de empleo se llevan la dotación más alta del presupuesto del Departamento de Empresa y Trabajo, con 662,6 millones de euros (44% del total del departamento). Estos recursos incluyen 569,7 millones de euros en políticas activas de empleo; 71,8 millones en formación para el empleo, con el objetivo de adecuar las competencias de las personas trabajadoras a las necesidades de un mercado laboral cambiante; y 20,4 millones para mejorar la calidad del trabajo, un ámbito en el que, respecto a las cuentas presentadas en marzo, se prevé reforzar la Inspección de Trabajo gracias a los acuerdos para la aprobación de los presupuestos. Estas actuaciones permitirán atender a más de un millón de personas y más de 25.000 empresas a través del SOC.
La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales ha determinado que el 28,91% de los fondos asignados en 2026, es decir, 743,5 millones de euros, se distribuirán entre las comunidades autónomas en función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el PAFED de 2025. Así, uns 111 millones (15%) dependen del grado general de cumplimiento de los indicadores generales del PAFED 2025.
Otros 446 millones (un 60%) se distribuye en función del cumplimiento de los indicadores que miden la mejora de la empleabilidad. Unos 74 millones (el 10%) atienden al cumplimiento de los indicadores de actuaciones con beneficiarios de prestaciones por desempleo. Otro centenar de millones (el 15% restante) tiene en cuenta el cumplimiento de los indicadores de seguimiento de la formación para el empleo.