El Parlament ha respondido este miércoles a la urgencia del campo con una decisión de amplio consenso, aunque con notables abstenciones. La cámara ha convalidado el decreto ley del Govern que contiene un paquete integral de medidas urgentes para los sectores agrario y forestal, un texto que nace de la necesidad de dar un oxígeno inmediato a un sector estratégico. La norma, aprobada por el Consejo Ejecutivo el pasado 14 de octubre, incorpora desde exenciones fiscales de impacto hasta una agilización de los trámites burocráticos.
El resultado de la votación, que refleja un acuerdo tácito, pero no por ello menos relevante, ha sido de 62 votos a favor (PSC y ERC), 11 en contra (Vox) y 61 abstenciones, una cifra que agrupa a Junts, PP, En Comú Podem, CUP y Aliança Catalana. Además de la convalidación, el pleno ha aprobado tramitar el decreto como proyecto de ley, abriendo un proceso parlamentario que permitirá debatir y afinar aún más las medidas. El núcleo de la nueva legislación radica en unas bonificaciones fiscales que aspiran a ser un revulsivo para la transmisión y la revitalización del tejido agrario.
El texto establece una reducción del 95% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las transmisiones de explotaciones agrarias y participaciones societarias. Este porcentaje se dispara hasta un 99% en el caso de los jóvenes agricultores, una medida claramente orientada a facilitar el relevo generacional, una de las mayores lagunas del sector. Paralelamente, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales se bonifica en los mismos porcentajes para la compraventa de fincas rústicas. El Govern ha querido especificar que estas ayudas fiscales, de carácter excepcional, se aplicarán en operaciones que impliquen explotaciones afectadas por causas climatológicas extremas, por enfermedades animales, y también por el "envejecimiento" de los propietarios, reconociendo así una realidad estructural más allá de las emergencias puntuales.
En el ámbito de la salud animal, el decreto contempla la exención total de la tasa para el certificado sanitario vinculado al movimiento de animales en situaciones de declaración oficial de enfermedad, como podría ser la dermatosis nodular contagiosa. Esta medida busca eliminar cualquier barrera económica que dificulte la gestión rápida y eficaz de una crisis sanitaria. En cuanto a la gestión forestal, un área crítica en un territorio altamente vulnerable a los incendios, la norma bonifica la cuota de la tasa para la emisión de declaraciones de impacto ambiental. El objetivo declarado es "rebajar al máximo" el importe para que "no suponga un freno a la ejecución urgente" de proyectos clave. Así, el importe será del 75% para los planes de gestión forestal y de desbroce en zonas de alto riesgo de incendio, y del 100% en proyectos específicos de prevención de incendios.
La simplificación administrativa
Más allá de las medidas económicas, el decreto aborda una demanda recurrente del sector primario: el alivio de la carga burocrática. En este sentido, el Govern elimina varios trámites para "simplificar" la gestión diaria. Entre las novedades, destaca la supresión de la obligatoriedad de mantener un libro de gestión de fertilizantes para los agricultores que ya dispongan de un cuaderno de explotación digital con la información requerida. Esto supone unificar y racionalizar las obligaciones documentales. Igualmente significativa es la medida que exime de pedir autorización para realizar "actividades con peligro de incendio" en zonas boscosas aisladas inferiores a una hectárea, un trámite que a menudo entorpecía trabajos preventivos o de mantenimiento esenciales en pequeñas propiedades.
Quizás una de las disposiciones de mayor alcance a largo plazo es la que permite declarar de interés general los trabajos de prevención de incendios. Esta figura jurídica capacita a la administración para ejecutar estos trabajos en hasta un 75% de los terrenos privados de Catalunya, sin necesidad del consentimiento expreso de cada propietario, aunque con las compensaciones correspondientes. Se estima que esta medida podría afectar a unos 100.000 propietarios, representando un cambio profundo en el enfoque de la prevención, pasando de una responsabilidad individual fragmentada a una estrategia coordinada y de interés colectivo. En definitiva, el Parlament ha dado su aval a una batería de medidas que, con su carácter transversal y su ambición, quieren ser un punto de inflexión en la relación de las instituciones con el mundo rural. La prueba de fuego será, sin embargo, la aplicación efectiva y ágil de estas disposiciones en un territorio que espera con impaciencia signos tangibles de apoyo.