El fin de los peajes de la AP-7, la AP-2, la C-32 norte y la C-33 en 2021 fue celebrado por muchos conductores, pero el debate sobre la necesidad de un sistema de pago por uso siempre ha estado sobre la mesa. La Comisión Europea lleva años reclamando al gobierno español un modelo como el que tienen la mayoría de los países de nuestro entorno, aunque Bruselas siempre ha acabado aceptando las prórrogas solicitadas por el Estado. Ahora es la Cambra de Comerç quien se posiciona, y lo hace para defender la necesidad de que paguen aquellos que utilizan la infraestructura.
La Cambra de Comerç de Barcelona ha hecho un comunicado este martes para reclamar la necesidad de que el Estado implante un sistema de tarificación por uso de las vías de alta capacidad, autopistas y autovías. Lo ha hecho reivindicando los principios que marca la Unión Europea de “quien usa paga” y “quien contamina paga”, y con el objetivo de que esto mejore el mantenimiento de las carreteras. La Cambra también defiende que la gestión de todas las carreteras y autopistas catalanas pase a manos de la Generalitat.
El estado de las autopistas preocupa a la institución que preside Josep Santacreu: “Los datos del sector señalan que más de la mitad de las carreteras del Estado y de Catalunya presentan un deterioro grave o muy grave, mientras que la inversión anual efectiva en mantenimiento es claramente insuficiente para revertir esta situación”.
Los problemas comienzan, para la Cambra, con los levantamientos de los peajes en 2021, algunos de los cuales todavía se ven al pasar por aquel punto de la autopista. Esto provocó un fuerte incremento del tráfico, hasta el punto de que la AP-7 “ya opera al límite de su capacidad” y algunos tramos han incrementado un 37% la circulación de coches y un 55% la de camiones, que son los que más deterioran el asfalto. “Esto se ha traducido en más congestión, siniestralidad y desgaste en la infraestructura”, añade la institución.
El dato que remacha el clavo de la necesidad de volver al pago por uso es, para la Cambra, que la inversión en mantenimiento no solo no ha crecido para asumir el mayor desgaste fruto del incremento del tráfico, sino que se ha reducido. “El déficit de inversión en conservación de carreteras ha pasado de 9.453 millones de euros en el año 2022 a 13.491 millones en la actualidad, y la inversión efectiva en mantenimiento por parte de las administraciones (central, autonómicas y locales) es de unos 2.000 millones”, según datos de la Asociación Española de la Carretera (AEC).
El estado de las autopistas no es solo peligroso para los conductores y para la población catalana, también lo es para la economía catalana. Por eso, la Cambra alerta que “sin un modelo estable de financiación, el deterioro de la red viaria continuará aumentando, con impactos negativos sobre la competitividad, la seguridad y la movilidad de personas y mercaderías”.
El pago por uso que propone la Cambra debería ser para todas las vías de alta capacidad del Estado, y sería por uso por distancia recorrida. Considera este método más eficiente que la tarifa plana o la viñeta, que solo valora como solución transitoria con fecha de caducidad. Este sistema debería permitir que las autopistas dejen de ser deficitarias para el Estado, que dejen de pagarse con impuestos y, por lo tanto, que dejen de pagar los que no la utilizan, y que asuman un coste más alto aquellos que más contaminan, siguiendo los principios de la Unión Europea.
Traspaso de las autopistas a la Generalitat
La institución cameral también reclama “planificar y ejecutar el traspaso de todas las carreteras de titularidad de la administración del Estado a Catalunya a la Generalitat, siguiendo el ejemplo de territorios como el País Vasco”, ya que considera que la gestión integral de la red facilitaría la mejora de la red, su mantenimiento y la ejecución de las inversiones necesarias.
La Cambra recuerda que la Generalitat de Catalunya, a diferencia del gobierno español, sí que planteó un sistema de pago por uso. Fue antes de la pandemia, con una propuesta de viñeta o tarifa plana para todo tipo de vehículos y para el uso de toda la red viaria, con la cual se recaudarían unos 1.000 millones de euros anuales. El sistema, que no es el ideal para la institución empresarial, acabó aparcado.