La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que presentará una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitará que se le imponga una sanción económica. El motivo es que el Gobierno no ha trasladado aún a su legislación nacional las nuevas directivas comunitarias destinadas a reforzar la protección de las infraestructuras críticas, a pesar de que el plazo para hacerlo expiró en octubre de 2024. Bruselas considera que el retraso es injustificado y que pone en riesgo la seguridad de los servicios esenciales en sectores clave como la energía, el transporte, la salud, el agua, la banca y las redes digitales. El anuncio se ha producido después de que el ejecutivo comunitario constatara que los requisitos previos no han tenido el efecto deseado.
La normativa europea, que fue aprobada hace más de dos años, exige a los Estados miembros que lleven a cabo evaluaciones de riesgo periódicas para identificar qué entidades son críticas y para garantizar que apliquen las medidas adecuadas para asegurar la prestación ininterrumpida de servicios esenciales. La lista de amenazas que se deben tener en cuenta es amplia e incluye tanto los riesgos de origen natural como los derivados de la acción humana, como atentados terroristas, ciberamenazas, infiltración delictiva y actos de sabotaje. El objetivo es que los países de la Unión dispongan de un marco común que eleve el nivel de resiliencia ante cualquier eventualidad, especialmente en un contexto geopolítico marcado por el aumento de las tensiones y los ciberataques.
España, entre los siete países incumplidores
A pesar de la obligación de transponer esta directiva antes de octubre de 2024, España no ha cumplido con su deber. Tampoco lo han hecho, según Bruselas, otros seis Estados miembros, entre los cuales figuran Francia, los Países Bajos y Polonia. La Comisión ya había abierto expedientes previos a todos ellos, pero ante la falta de respuesta o de avances sustanciales, ha decidido dar el paso definitivo en el procedimiento sancionador y llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta es la fase final de un proceso que puede acabar con una multa económica periódica hasta que el país cumpla sus obligaciones.
Fuentes comunitarias han explicado que la denuncia se formalizará en las próximas semanas, pero que el proceso judicial puede alargarse aún varios meses, incluso años, dependiendo de la carga de trabajo del tribunal y de las alegaciones que presenten los gobiernos afectados. Mientras tanto, la normativa continúa sin aplicarse en España, lo cual, según Bruselas, deja desprotegidos sectores estratégicos ante posibles incidentes. El Gobierno, por su parte, alega que está ultimando los trabajos para adaptar la legislación y que la transposición es cuestión de semanas, pero la Comissió considera que los plazos ya hace tiempo que se han superado y que no hay excusas para un retraso tan prolongado.
Riesgo de multas recurrentes
Si los tribunales acaban dando la razón a Bruselas, España deberá abonar una sanción económica que puede ir acompañada de una multa coercitiva diaria hasta que se demuestre que la directiva se ha transpuesto correctamente. Este mecanismo ya se ha aplicado en otras ocasiones a países que no han cumplido con los plazos establecidos en materia medioambiental o de mercado interior. Las multas pueden ser de millones de euros y se calculan en función del PIB del país y de la gravedad del incumplimiento. En el caso de la seguridad de infraestructuras críticas, la Comisión considera que no se puede permitir ningún retraso, dado que afecta a la protección de ciudadanos y de servicios básicos, sin los cuales no puede funcionar la vida cotidiana ni la actividad económica.
Esta no es la primera vez que Bruselas denuncia a España por no transponer normativa comunitaria en los plazos establecidos. En los últimos años, el Tribunal Europeo ha condenado al país en diversas ocasiones por retrasos en materia de contratación pública, medio ambiente y protección de datos. La reiteración de estas situaciones ha llevado a la Comisión a endurecer su enfoque y a acelerar los procedimientos sancionadores. La denuncia por la directiva de infraestructuras críticas es un nuevo aviso de que las autoridades españolas deben agilizar los mecanismos de incorporación de las directivas comunitarias si no quieren acumular expedientes y acabar pagando multas millonarias. El Gobierno, mientras tanto, ha evitado hacer declaraciones públicas sobre este asunto y se ha limitado a garantizar que la transposición está a punto de completarse.