Los ciudadanos podrán auditar los contratos del sector público estatal, así como las actuaciones de las administraciones públicas. Así se recoge en el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, aprobado en el Consejo de Ministros este martes, “que aumentará los requisitos de transparencia y obligará a publicar las agendas institucionales y viajes de los altos cargos y máximos responsables públicos”, según el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, responsable de texto. Además, las empresas que concurran a licitaciones públicas sean obligadas a firmar un ‘pacto de integridad’.
La reforma legal incide en el fomento de la participación ciudadana a través de “instrumentos novedosos como las auditorías ciudadanas y los pactos de integridad”. Respecto a las primeras, permitirían a los ciudadanos participar junto a la Intervención General del Estado y liderados por ella en auditorías sobre actuaciones, políticas o entidades del sector público estatal. Según el comunicado emitido por La Moncloa, la ley permitiría “a los ciudadanos participar junto a la Intervención General del Estado [organismo dependiente del Ministerio de Hacienda] y liderados por ella en auditorías sobre actuaciones, políticas o entidades del sector público estatal”.
Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, estas auditorías ciudadanas irán de la mano del Ministerio de Hacienda, a quien ha agradecido su colaboración.
‘Pactos de integridad’
En cuanto a los “pactos de integridad”, los órganos de contratación del sector público podrán obligar a los licitadores a incluir, junto con sus ofertas y como condición para su admisión a la licitación, el compromiso de suscribir estos pactos para prevenir y luchar contra la corrupción. Así como el compromiso de someterse a una monitorización de todas las fases del procedimiento por las auditorías ciudadanas.
El anteproyecto de ley sigue las recomendaciones contenidas en los informes de la Comisión Europea sobre el Mecanismo de Estado de derecho; de la OCDE sobre gobierno abierto e integridad pública y las contenidas en las rondas de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).
Además, según el Ministerio que dirige Óscar López, supone un “hito más” en la senda marcada por el Gobierno de España con la publicación del Plan de Acción por la Democracia, el Plan estatal de lucha contra la corrupción, la estrategia Consenso por una Administración Abierta y la ratificación del convenio de Tromso.
El anteproyecto proseguirá ahora su tramitación con los informes preceptivos de los órganos consultivos antes de volver al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva como proyecto de ley y remisión a las Cortes. El texto presenta novedades en tres bloques: Transparencia, participación y conflicto de intereses.