Entre enero y junio del 2023, se notificaron 476.220 despidos a la Seguridad Social. En comparación con el mismo periodo del 2022, suponen un 40% más. Con motivo de la I Jornada Formativa del Club de Jóvenes de la Asociación Nacional de Laboralistes (ASNALA), la abogada Paula Puigmal Miranda advirtió que "los datos son una herramienta peligrosa a la hora de comparar situaciones que, por factores legales, han dejado de ser iguales". En este sentido, recordó que en el 2022 hubo un periodo transitorio para los contratos temporales vigentes y, una vez acabado, la mayoría de los que se venían arrastrando desde el 2021 fueron finalizando.

Como consecuencia, esta especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social explicó que el hecho de que "el uso de los contratos temporales esté mucho más limitado desde la entrada en vigor de la reforma, implica que todo aquello que antes podía constituir una finalización del contrato temporal, en la actualidad puede quedar registrado en el sistema de la Seguridad Social como un despido".

Jornada ASNALA
Jornada ASNALA

Los motivos de los despidos

Por su parte, Alexandra Lozano Echle, también abogada laboralista, coincidió con esta opinión al valorar que 309.205 de los 476.220 despidos registrados entre enero y junio fueron de naturaleza disciplinaria. "Muchos de estos despidos disciplinarios computados han atendido la necesidad de extinguir contratos que, o eran para la prestación de servicios durante un periodo determinado y ya no han podido ser suscritos bajo la modalidad de contratos temporales, o respondían a necesidades de los ya desaparecidos contratos por obra y servicio", matizó la abogada.

Ante esta situación, Alexandra Lozano Echle afirmó que de cara al 2024 "se esperan ajustes de plantilla a la actividad real de las empresas basándose en causas objetivas, económicas, productivas y organizativas". Con respecto a la forma en que se producirán estos ajustes, la laboralista señaló que irá desde la aplicación de medidas temporales de suspensión de contratos y reducciones de jornada a través del ERTE hasta despidos objetivos individuales o colectivos en el marco de ERE.

Previsiones para el 2024

Para Paula Puigmal Miranda, 2024 "será un año en el que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tendrá un papel absolutamente protagonista y podrá dar luz sobre las numerosas controversias laborales surgidas este año". Entre ellas, la posible obligación empresarial de ofrecer una audiencia previa antes de formalizar un despido disciplinario sobre la base del Convenio 158 del OIT, una cuestión que también se debatió la tarde del 19 de diciembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, en el desarrollo de la I Jornada Formativa del Club de Jóvenes ASNALA.

Otras cuestiones

En paralelo, la necesidad de modificar el sistema de compensación por despido improcedente se ha abierto después de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya del 23 de abril del 2021, dictada a finales del mes de enero de este año. Tal como expone el laboralista Omar Molina García, la importancia de este pronunciamiento judicial radica en el establecimiento de una indemnización adicional a la máxima legal en aquellos supuestos en los que la indemnización correspondiente por despido improcedente sea exigua y no tenga un efecto disuasorio para la empresa, ni compense suficientemente a la persona trabajadora por la pérdida de empleo".

El abogado Omar Molina Garcia
El abogado Omar Molina Garcia

De acuerdo con el artículo 24 de la Carta Social Europea, la indemnización tiene que ser siempre "adecuada" o "reparadora". También entra en juego el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los magistrados que dictan sentencias a favor de esta indemnización adicional, hablando de un despido reparativo, se basan en estos dos preceptos internacionales para sostener que la indemnización se tiene que analizar con respecto a las circunstancias personales y la situación de cada persona trabajadora. Para Omar Molina García, "la modificación de las indemnizaciones por despido que se plantea puede tener un impacto socioeconómico colosal tanto para trabajadores como para empresas".