Durante 2022, un año marcado por los altos precios de la energía, creció el número de familias que no pudieron hacer frente a las facturas de luz y gas, y también el número de hogares que no se podían permitir poner la calefacción. Así lo pone de relieve el informe de Indicadores de Pobreza Energética en España dado a conocer este lunes por la Universidad Pontificia Comillas.

Según dicho informe, las personas que no pudieron pagar en fecha sus facturas de energía en 2022, el año más agudo de la crisis energética, fueron 4,2 millones (un 9% más que un año antes) y casi ocho millones no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus hogares, un 17% más. A pesar del escenario de altísimos precios de la energía que se vivió el año pasado, la pobreza energética oculta (hogares donde el gasto en energía es significativamente bajo) no aumentó, pese a que se mantuvo muy alto, con más de 4 millones de personas en esa situación.

En 2022, un 11,8% de los hogares de España tenía un gasto insuficiente en energía (por debajo de 382,5 euros al año). Además, un 16,8% tenía que dedicar una cantidad desproporcionada al gasto en energía con respecto a sus ingresos (por encima del 9,8% de sus ingresos), según recoge la Agencia EFE. Asimismo, en un año de altísimos precios de la energía, un 30,9% de hogares incurría en lo que se clasifica como pobreza energética estándar, un indicador que fue en 2022 especialmente alto porque muchos hogares rebajaron su consumo por los altos precios de la electricidad y el gas que se dispararon con la guerra de Ucrania.

Pero, los hogares sin un confort mínimo por no poder gastar en energía (pobreza energética oculta severa), ascendieron a un 10,6% de los hogares, bajando algo en 2022. El informe señala también que las medidas de protección social que desplegó el Gobierno para paliar el efecto de la subida de los precios de la energía, como el incremento de los descuentos del bono social eléctrico y la cuantía del térmico, consiguió reducir la brecha de pobreza energética en los hogares más desfavorecidos.

El Gobierno amplió los descuentos del bono social, que pasaron del 25% que tenían en la factura de la luz los consumidores considerados vulnerables al 40%, y del 65% al 80% para los vulnerables severos, en tanto que la partida para el bono térmico (una transferencia de ayuda directa para gastos en calefacción) se triplicó.

Según el estudio, que no analiza el consumo de energía para transporte, como los carburantes, sin el refuerzo del bono social, el porcentaje de hogares en pobreza energética en 2022 hubiera sido superior. En el caso de la pobreza energética estándar, el porcentaje de hogares afectados se hubiera elevado a un 31,3%, frente al 30,9% registrado, y en el caso de la pobreza energética oculta severa hubiera afectado a un 10,9% de hogares frente al 10,58% en que se quedó.

Además, según el estudio, las ampliaciones del bono social también contribuyeron a reducir la brecha de pobreza energética (la diferencia entre los gastos reales en energía de un hogar y el debería haber tenido) en los hogares más desfavorecidos en un 13% y estuvieron cerca de cubrir la mitad de su gasto energético requerido.

En cuanto al retraso en el pago de las facturas, otro de los indicadores analizados, mejoró ligeramente, al pasar del 9,5% del total de hogares en 2021 al 9,2% en 2022. Lo que sí empeoró significativamente fue el porcentaje de hogares que no pudo mantener su casa a una temperatura adecuada en los meses de invierno, que pasó de un 14,3% al 17,1%, algo en lo que el estudio cree que pudo incidir una reducción del consumo por el alto precio de la energía.

Por comunidades autónomas, una vez más la incidencia de la pobreza energética es mayor en las regiones del sur de España, debido a las menores rentas e ingresos, y menor en el norte del país y en Madrid. El director de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas, Efraim Centeno, ha señalado en la presentación de los indicadores que la pobreza energética sigue en niveles altos en España.

Por su parte, José Carlos Romero, coordinador de la Cátedra, ha manifestado que el bono social no llega a todos los que debería llegar y cree que no basta para acabar con la pobreza energética, sino que hace falta también una política de rehabilitación de viviendas.