200.000 autónomos catalanes, una cifra que representa casi un tercio del total de este colectivo, verán incrementada su cuota mensual en 135 euros. Esta subida es consecuencia del aumento de la base mínima de cotización para los autónomos societarios y colaboradores en todo el Estado, que se eleva hasta los 1.424 euros mensuales. La medida ha despertado un fuerte rechazo entre las organizaciones patronales y las asociaciones de trabajadores por cuenta propia, que alertan de las graves consecuencias que puede tener para el tejido productivo catalán. La presidenta de la Associació de Treballadors Autònoms de Catalunya y de la Comisión de Autónomos de Foment del Treball, Cristina Pérez, ha valorado la medida con contundencia, calificándola de "despropósito".
Según los cálculos de la organización, cada uno de los autónomos afectados deberá hacer frente a un desembolso adicional de 1.620 euros anuales, una cifra que considera desproporcionada y que puede poner en riesgo la viabilidad de muchos pequeños negocios y profesionales por cuenta propia. Pérez ha advertido que este incremento supone una carga adicional importante para un colectivo que ya trabaja con márgenes muy ajustados y que en muchos casos tiene dificultades para llegar a final de mes, especialmente en sectores como el comercio, la hostelería y los servicios profesionales.
El colectivo busca una solución con carácter retroactivo
Ante esta situación, Cristina Pérez ha asegurado que el colectivo de autónomos no se quedará de brazos cruzados. En declaraciones recogidas por Foment, ha explicado que ya han mantenido conversaciones con varios grupos parlamentarios con el objetivo de encontrar una solución inmediata que, además, tenga carácter retroactivo para que los afectados puedan recuperar las cantidades pagadas en exceso una vez se apruebe cualquier medida correctora. Esta reivindicación refleja la voluntad de las organizaciones de defensa de los autónomos de revertir una medida que consideran injusta y que puede tener efectos negativos sobre el empleo y el tejido productivo, especialmente en el caso de las pequeñas empresas y los profesionales con menos capacidad de adaptación a los cambios normativos.
El Estado cuenta con más de 3,4 millones de trabajadores autónomos, de los cuales aproximadamente 1,2 millones son societarios o colaboradores, es decir, aquellos que cotizan bajo la figura de autónomo, pero que tienen vinculación con una sociedad mercantil o colaboran con un familiar autónomo en el marco de la actividad económica. En Cataluña, esta cifra supera las 200.000 personas, lo cual sitúa al territorio como uno de los más afectados por la subida de la base mínima de cotización. Este colectivo, que hasta ahora gozaba de unas condiciones de cotización diferenciadas y en muchos casos más beneficiosas, tendrá que ajustar sus presupuestos personales y empresariales para hacer frente al incremento, una tarea especialmente complicada en un contexto de inflación sostenida y de crecimiento moderado de la actividad económica.
Las mujeres y los mayores de 50 años, los más perjudicados
Foment del Treball ha querido poner el acento en el perfil de los autónomos más vulnerables ante esta subida. Según ha puntualizado la entidad en su comunicado, la gran mayoría de los autónomos afectados por el aumento de la base mínima de cotización son mujeres, personas mayores de cincuenta años y trabajadores del mundo rural. Estos colectivos, que a menudo combinan una menor capacidad de generación de ingresos con más dificultades para acceder a fórmulas de cotización alternativas o a recursos financieros complementarios, se verán especialmente perjudicados por la medida. Las organizaciones patronales alertan de que el incremento puede provocar el abandono de la actividad por parte de estos profesionales, muchos de los cuales ya se encontraban en situación de precariedad previa, o bien su derivación hacia la economía sumergida como vía para evitar el aumento de costes, un fenómeno que tendría efectos nocivos tanto para la recaudación fiscal como para la competitividad del sector.
La subida de la base mínima de cotización llega en un momento particularmente delicado para el colectivo de autónomos, que ya arrastra dificultades estructurales derivadas del envejecimiento del sector, la falta de relevo generacional y el incremento sostenido de las cargas fiscales y administrativas. A estos factores se añade la incertidumbre económica global y el impacto de la inflación sobre los costes de producción y suministros, que han reducido los márgenes de beneficio en muchos sectores tradicionales.
Las asociaciones de autónomos reclaman a la administración que reconsidere la medida y que abra una mesa de diálogo para abordar las necesidades específicas del colectivo, con el objetivo de diseñar un sistema de cotización más justo y progresivo, que tenga en cuenta los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia y no establezca incrementos generalizados que castiguen a quienes menos pueden asumirlos. Mientras tanto, los autónomos afectados se preparan para afrontar un año 2026 que se vislumbra particularmente costoso desde el punto de vista de sus obligaciones con la Seguridad Social.