Esta semana ha estallado el escándalo del CatalanGate. A pesar de ello, la mayoría de la prensa española ha intentado pasar por encima o, en el mejor de los casos, tratar de justificar el presunto espionaje a distintos miembros del Govern, activistas, periodistas y personas de su entorno. La información que ha revelado estos días el estudio que ha llevado a cabo CitizenLab y la Universidad de Toronto revela que el espionaje a través de Pegasus (una herramienta que solamente pueden comprar los Estados) se habría venido produciendo desde 2015, concretamente a Jordi Sánchez. Gracias a la investigación de Enrique Bayo hemos conocido también que este programa fue adquirido en 2011, tal y como señalan las anotaciones de la agenda del excomisario Villarejo.
El Gobierno de España ha intentado negar la mayor, aunque su discurso se ha ido modificando hasta llegar este viernes por la mañana a asegurar que el Gobierno no tendrá problema en colaborar con la investigación si se abre en vía judicial o en comisión parlamentaria. Este asunto, que parece apuntar al soberanismo e independentismo catalán, debería preocuparnos a todos los demócratas. La vulneración de derechos fundamentales, saltándose la legalidad, pone en peligro a cualquier ciudadano que pudiera suponer una amenaza, por sus opiniones, a los intereses del Estado español, sin llegar a cometer ningún tipo de delito. En un momento en el que la libertad de expresión está en peligro, vemos también cómo pudiera estarlo nuestra intimidad. Lo más sagrado.