Circular en coche por el centro de las ciudades es cada vez más difícil: las zonas de bajas emisiones se convierten en una barrera para muchos vehículos y la extensión de las zonas peatonales o las áreas pacificadas han reducido casi a cero los aparcamientos disponibles para los que sí que superan los baremos ambientales. En teoría, son mecanismos para convertir las ciudades en espacios más “amables”, pero lo cierto es que , también, son una nada sutil manera de invitar al ciudadano a replantearse su hábitos de movilidad. Quien compra un coche lo sabe y, por eso, intenta sortear estos obstáculos con la compra de vehículos reconocidos como sostenibles mediante las etiquetas CERO y ECO, que otorgan ventajas fiscales. Hasta ahí, todo bien (aunque alguno preferirá decir aquello de a la fuerza ahorcan); pero ¿qué puede llegar a suceder si las ventajas asociadas a esos distintivos ambientales se eliminan o modifican?
Cambios a medio plazo
Hoy, sin duda, adquirir un vehículo así distinguido implica beneficios a los que pocos renunciarían: además de poder circular por donde quieras, se dispone en muchos casos de aparcamiento gratuito en la vía pública y de tasas bonificadas. En algunos consistorios, estas reducciones alcanzan hasta el 75% de la cuota. Sin embargo, hay organismos como la OCU que han analizado los diferentes coches considerados sostenibles uno por uno y han descubierto que sus emisiones distan mucho de las que se indican. Por ello, han exigido a la DGT cambios en los criterios que permiten disfrutar del distintivo ambiental. ¿Va a hacerlo la DGT? De momento, parece que no, pero su actual director (sí, el mismo que adelantó que, digan lo que digan, se pagará por usar las autovías) ha adelantado ya que después de las elecciones –con otro presidente, quizá- habrá cambios.
¿Y en otros países?
En Francia ya están en ello: París y Lyon han empezado a eliminar algunas de las ventajas y, cómo no, han empezado por los coches con etiqueta ECO, pues son los que mayores desfases muestran en el estudio de la OCU. Con todo, las razones de que en España se mantengan las ventajas tienen que ver con algo más que con el final de la legislatura: el ritmo de electrificación del parque móvil es aquí más lento y, de ahí, que todavía no se planteen unos cambios que, si se concretan, evidenciarán que el fin último de todas estas acciones es, muy probablemente, la eliminación del coche particular como herramienta de movilidad principal de la ciudadanía. Sobre el papel, puede parecer bien; aunque, quizá, convendría recordar que en España llevamos años desmantelando la red de trenes de cercanías y el transporte público es uno de los menos capilares de toda Europa por mucha medida de gratuidad que se aplique: ir de Lleida a Huesca en tren (separadas por menos de 120 km) sigue siendo una odisea: en coche se tarda 75 minutos y en tren, más de dos horas previo paso por Zaragoza. De las frecuencias, mejor no hablar, pero el coste puede cuantificarse: seis euros en coche y, si eliges el tren, entre 22 y 70 según la suerte que tengas al comprar los billetes. El autobús, que tarda casi dos horas y media, sale por entre 9 y 21 euros, también según el billete.