El visto bueno en diciembre del Consejo Europeo a la propuesta legislativa de la Comisión Europea para acelerar los permisos de proyectos de energía renovable que suprimía la obligatoriedad de disponer de estudios de impacto ambiental como los que se exigían hasta entonces dibujó un nuevo marco para el sector, pero los diferentes estados miembros no se ajustan al mismo, lo que genera malestar en el sector, que exige a la UE que tome cartas en el asunto para hacer valer su mandato, de obliga trasposición a las legislaciones nacionales. En España, el rechazo es transversal e incluye a casi todo el arco parlamentario. Incluso el PP manifiesta que, pese a estar de acuerdo con que se agilicen las tramitaciones, hay que respetar las competencias de las CCAA. En todo el continente, diferentes plataformas se han posicionado contra la norma.
Situación de emergencia
A fecha de hoy, para tramitar un proyecto de energía solar deberían bastar tres meses y para uno de repotenciación de instalaciones, seis. En el caso de los proyectos solares y de autoconsumo, el silencio administrativo se considera visto bueno al cabo de un mes si se trata de instalaciones de 50 kW o menos. Sin embargo, y según explica la patronal del sector, las administraciones se amparan en el principio de precaución, que permite no conceder autorizaciones si no hay evidencias claras de los impactos ambientales que podría producir. Con todo, señalan también que el reglamento europeo vigente es claro y tiene sentido contrario: sólo se pueden rechazar aquellos proyectos para los que existan evidencias claras de impactos ambientales severos e irreversibles. Los promotores consideran que el contexto general es de "emergencia energética", como evidencian los altos precios y la coyuntura del mercado del gas. En una situación así, los desarrollos de renovables devienen estratégicos.
Interés público superior
Cabe recordar que, como bien indican los promotores, el Consejo Europeo ha convenido que la planificación, construcción y explotación de centrales e instalaciones para la producción de energía renovable es de interés público superior y que, por ello, tales proyectos deben beneficiarse de una evaluación simplificada de las obligaciones medioambientales que se contemplan desde la UE. Con todo, los estados miembros tienen la posibilidad de restringir la aplicación de estas disposiciones a determinadas zonas de su territorio, tecnologías o proyectos, lo que complica la situación.