Las temperaturas, de momento, parece que nos dan tregua en este final de octubre y, seguramente por eso, el precio de la electricidad está a unos niveles que no se recordaba, pero el invierno está a la vuelta de la esquina y llegamos a él con más del 80% de los inmuebles suspendiendo en eficiencia energética. Mientras la gente juega a favor de sistemas de calefacción en los que la biomasa, la aerotermia y hasta los aprovechamientos geotérmicos son protagonistas, aún perviven en nuestro país casi 10.000 sistemas de calefacción central residencial alimentados con gasóleo y unos 150 que queman carbón.
Un balance negativo
El problema de estos sistemas, másallá de su eficacia, es la contaminación que generan: una caldera de carbón lanza a la atmósfera 216 mg de partículas con diámetros inferiores a 10 micras y una de gasóleo, 18 mg. Las de gas se quedan en 0,7 mg y, si nos fijamos en las emisiones de óxido de azufre, el balance es todavía peor: 1.577 mg para las calderas de carbón, 340 mg para las de gasóleo y 0 para las de gas.
Ya no se pueden instalar calderas de este tipo
La normativa es tajante: no se pueden instalar calderas nuevas alimentadas con estos combustibles y las ya instaladas deben somerterse a revisiones que obligan a implementar cambios que la mayoría de las veces cuestan más que una sustitución por sistemas menos contaminantes. La biomasa es, cada vez más la alternativa elegida, pero pocos reparan en que este combustible también emite partículas a la atmósfera. Las calefacciones de gas, a los precios actuales, no son una opción. En un contexto como el actual, con un 80% de los edificios con una eficiencia energética deficiente, se imponen planes decididos de ayudas si lo que queremos es que la gente pueda calentarse y los ecosistemas no sufran.