Falta que el Senado la ratifique, pero ya cuenta desde este 11 de mayo con el visto bueno del Congreso, cámara en la que 269 diputados votaron a favor de su aprobación y setenta se abstuvieron. Es la Ley para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario y si la Cámara Alta la valida finalmente y entra en vigor, comportará sanciones de hasta 60.000 euros para las empresas que desperdicien alimentos.
¿Qué persigue la Ley?
El objetivo es minimizar el desperdicio de comida, lacra contra la que desde la UE se han activado diferentes grupos de trabajo. Para conseguir esta minimización, las empresas deberán contar obligatoriamente con planes de prevención que permitan reducir el desperdicio y que canalicen hacia el consumo humano los alimentos a los que no se da uso dentro de los plazos en los que su ingesta es segura. El texto ha sido redactado por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso y en el dictamen que ahora se valida se indica que el objetivo final es “lograr que todos los eslabones de la cadena de suministro sean eficientes”. Entidades como administraciones, empresas, operadores y bancos de alimentos deben participar en las acciones encaminadas a reducir el desperdicio.
Régimen sancionador
No contar con un plan de prevención de pérdidas y desperdicio se considerará como falta grave y en la norma se fijan penalizaciones que van desde los 2.001 hasta los 60.000 euros. Con todo, hay que recordar que más de la mitad del desperdicio alimentario en la UE tiene lugar en los hogares y no en establecimientos comerciales u hosteleros. La intención es que, en 2030, se haya reducido la generación de residuos alimentarios a la mitad en la venta minorista y el consumo y en un 20% en las cadenas de producción y suministro.