El Col·lectiu Praga se añade a la denuncia de la vulneración de derechos fundamentales que varios grupos jurídicos han puesto de relieve después de la detención, registros, asignaciones de abogados de oficio y filtraciones del secreto de sumario que ha habido en el caso de los nueve CDR detenidos el pasado 23 de septiembre en varios municipios del Vallès. Siete de los detenidos están en prisión provisional en Madrid y han sido distribuidos en diferentes módulos.
De hecho, desde el momento de la irrupción de la Guardia Civil y la imputación del delito de terrorismo se les ha tratado como tales, pero no se ha aplicado en ningún momento la ley que toca en estos casos. Lo que genera una paradoja y hace más difícil aún la defensa por parte de los abogados.
El Col·lectiu Praga denuncia cada uno de los derechos fundamentales vulnerados y destaca la incomunicación de los detenidos. "Incomunicación que no ha sido decretada en virtud de la legislación antiterrorista, sino de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, de 2015 (artículos 527 y 509), donde se trasladan a la ley procesal ordinaria las restrictivas previsiones de derechos fundamentales de la legislación de excepción, por cualquier delito y sin ningún tipo de criterio o de baremo objetivo y al margen de las previsiones constitucionales", dice el comunicado que acaban de hacer público.
"Esta reforma legal todavía no ha sido cuestionada por nadie ante el Tribunal Constitucional. Hacer de la excepcionalidad norma general es, realmente, una derogación general de los derechos fundamentales que tenemos que denunciar", concluye el texto.