El juicio contra Unió Democràtica de Catalunya por|para presuntamente desviar fondos a la fundación del partido Catalunya i Territori ha arrancado hoy. La defensa de Unió ha pedido que lo exculpen porque la Fiscalía no tiene legitimidad para acusarla como responsable civil porque estos pagos irregulares no afectarían a los intereses económicos generales.

En el banquillo de los acusados hay tres responsables de la Fundación Catalunya i Territori que afrontan penas de hasta quince años de prisión acusados de estafar a bancos a través de un conglomerado de empresas con el que presuntamente desviaron a UDC más de 200.000 euros.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sitúa a Unió como responsable civil del presunto desvío de fondos y le reclama que vuelva a su fundación afín los casi 61.500 euros de la suma desviada que la formación democratacristiana -actualmente en concurso de acreedores- todavía no ha abonado.

Pero en las cuestiones previas que se han hecho en la primera sesión del juicio, el letrado de Unió ha pedido a la sala que la exculpen del desvío, al entender que la Fiscalía no tiene legitimidad para acusarla por un delito de administración desleal, dado que su fundación afín, que sería la presuntamente perjudicada, nunca denunció al partido por estos hechos.

Para el abogado de Unió, Joan Segarra, el hecho de que la Fundación Catalunya i Territori pagara servicios y alquileres de los que se benefició a Unió "no afecta a los intereses económicos generales", cosa que en su opinión impide a la Fiscalía ejercer la acusación por estos hechos.

La Fiscalía ha rechazado la tesis de Unió y, después de recordar que la imputación del partido fue "bendecida" por un acto de la Audiencia de Barcelona, ha insistido en que la Fundació no es una entidad privada y que en sus propios estatutos reconoce que tiene objetivos generales, como "el equilibrio territorial y el fomento del sentimiento de nación y de la cultura nacional catalana".

El ministerio público, en más, ha aducido que la Fundació Catalunya i Territori se alimenta con aportaciones de donantes particulares que, de esta forma, obtienen beneficios fiscales, cosa que en definitiva "acaba repercutiendo en el erario público" y justifica el interés económico general del presunto desvío.

El tribunal ha acordado que resolverá esta cuestión cuando dicte sentencia. Por lo tanto, de momento a Unió se la juzgará como responsable civil. Con todo, la magistrada Àngels Vives ya ha dicho que la sala aprecia que "puede haber intereses generales" en la cuestión a juzgar.

Rebaja de penas

Las defensas de los principales acusados, los exvocales de la Fundació Catalunya i Territori Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés, han pedido una rebaja de los 17 años de prisión que la Fiscalía pide para ellos. Y el fiscal Pedro Ariche lo ha aceptado al considerar que ha prescrito uno de los delitos de falsedad documental por el que los acusaba. Eso rebaja hasta los 15 años la pena que se pide para ellos.

El expresidente de la Fundació, Josep Boqué, que fue director general de Consum en los años 90, se expone a una condena de ocho años de prisión, mientras que el administrador de la constructora Copisa José Cornado afronta otros tres años y Xavier Soriano, vinculado a la fundación afín en UDC, un año y once meses.

El resto de alegaciones, entre las que hay el archivo de la causa por vulneración de derechos que se basa en que la entrada de inspectores de Hacienda en la sede de la empresa de los imputados no contó con su consentimiento, se ha decidido resolverlas también cuando se dicte sentencia.

El caso tiene su origen en una querella de la Fiscalía del año 2010. Según el Ministerio Público, los acusados utilizaron este grupo empresarial, del que dependían varias empresas sin actividad real y gestionadas por testaferros, para conseguir créditos con los que ir tapando los agujeros bancarios que dejaban unas y otras sociedades, en lo que se conoce como "pelota financiera", entre 2003 y en 2007.

Además, la Fiscalía acusa a los responsables de IMS de desviar fondos a UDC al pagar, con dinero de la Fundació, media docena de facturas que la formación debía a la empresa Kontrast por la organización de acontecimientos, que ascendían a casi 116.500 euros.

En este presunto desvío de fondo, según la Fiscalía, resultó clave el exgerente de Unió Josep Maria Núñez, pero murió en 2014.

El fiscal también cree que se desviaron fondos mediante la condonación del alquiler de unos locales que Unió tenía arrendados a la Fundació en Tarragona, Lleida y Tàrrega (Urgell) y para la posterior venta de estos inmuebles a la formación a un precio inferior al del mercado.

Cuando la instrucción del caso estaba próxima a su fin, UDC pagó a la Fundació 160.000 euros por la compraventa de los locales y otros 35.700 por los alquileres dejados de abonar desde 2005, aunque el fiscal cree que le faltan otros 61.500 para sufragar la deuda.