Justo una semana después de desestimar los recursos de la Presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y parte de la Mesa y sacar adelante los trámites para hacer el juicio, la magistrada de la sala de lo civil y penal del TSJC que instruye la causa ha empezado ya a pedir documentación.

Da siete días en el Parlamento de Catalunya para entregar las resoluciones adoptadas con posterioridad al auto del Tribunal Constitucional, de 19 de julio de 2016, en particular la Resolución 263/XI, donde se ratifican las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente, y la Resolución 306/XI, de 6 de octubre de 2016, que prevé el futuro político de Catalunya a partir del referéndum.

También pide al Tribunal Constitucional una copia autenticada de las notificaciones y requerimientos realizados, en su caso, a los miembros del Parlamento de Catalunya del Auto nº. 141, de 19 de julio de 2016 con la que se impugnan todas las decisiones del Parlamento para hacer el referéndum.

El debate de política general en el punto de mira

Quiere también el acta del Pleno del día seis de octubre del 2016, su transcripción en bruto, las actas y transcripción en bruto de la reunión de la Mesa del Parlamento de los días 5 y 6 de octubre, así como los documentos anexos. Es el día que se hizo el debate de política general y el TSJC quiere todo lo que se dijo por escrito.

Por eso ha pedido las propuestas nº. 37714 y 37713 presentadas por los grupos Junts pel Sí y CUP. La última está sobre la creación del Consejo Asesor del Proceso Constituyente, y la segunda, sobre el derecho a la autodeterminación, insta a hacer un referéndum vinculante como muy tarde en septiembre del 2017..

El TSJC quiere también las actas de las Juntas de Portavoces de los días 5 y 6 de octubre de 2016 y la notificación o comunicación recibida del Tribunal Constitucional del auto del 6 de octubre del 2016 con el día, hora y minuto de recepción así como la vía de comunicación: si lo recibieron en mano, por mail, etc.

Juicio inminente

El TSJC ha unido las dos querellas de Carme Forcadell en una y saca adelante el proceso judicial para inhabilitar a la presidenta del Parlamento y parte de la Mesa. En la segunda querella se investiga, aparte de Forcadell, Lluís M. Corominas, vicepresidente primero de la Mesa; Anna Simó, secretaria primera, y Ramona Barrufet, secretaria cuarta. Están acusados de los delitos de desobediencia y prevaricación porque la Cámara aprobó la resolución para convocar un referéndum sobre la independencia de Catalunya.

El TSJC ha tumbado el argumento de Forcadell sobre la inviolabilidad parlamentaria para poder sentarla en el banquillo de los acusados: "No es posible apreciar que los hechos denunciados, la comisión se ha atribuido indiciariamente por el fiscal a los querellados, se encuentren amparados por la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria".