En todos los sumarios, y este no es diferente, siempre acaban apareciendo anónimos que delatan a implicados en la investigación. Aquí, también.
El 21 de julio la policía española recibe un anónimo en catalán. Llega a la Brigada Provincial de Información de Barcelona del CNP y no se traslada a los juzgado hasta el 26 de septiembre.
El anónimo pone sobre aviso a los investigadores sobre la participación del CTTI en la contratación de empresas de informática para poder sacar adelante las diferentes estructuras de Estado.
El escrito, en catalán, da detalles sobre el encargo para la futura Hacienda catalana, objeto de la investigación y incluso llega a apuntar que la empresa IBM podría estar implicada en el caso.
El anónimo también enumera otras empresas que podrían estar colaborando con la Generalitat para sacar adelante un proyecto que está avanzando con la máxima discreción, cosa que también hace notar el delator. Es el proyecto AULAT.
El otro anónimo llega el 16 de septiembre. Es más corto, sin detalles y se envía a la policía vía la dirección de correo electrónico de participación ciudadana. Es más un anónimo/denuncia que alerta que se está destinando parte del presupuesto de Bienestar Social a las necesidades informáticas del procés.
A partir de estos dos anónimos la policía empieza una investigación para verificar, primero, que las empresas que salen existan, y después qué relación tienen con la Generalitat.
A lo largo de la investigación, se comprueba que las empresas tienen un contrato con el Govern, algunos de 10 años, y firmados muy anteriormente al inicio del procés y de esta legislatura y que llevan a cabo prácticas habituales como las copias de seguridad de diferente información de varios departamentos. La policía sospecha que hay unos 100 servidores de la Generalitat que trabajan en paralelo, pero no puede probar nada, por lo que decide citar a declarar como testigos a los responsables de las empresas.