Los sindicatos USTEC y CGT han cargado duramente contra el Departament d’Educació por la gestión de las pruebas PISA y han rechazado frontalmente la versión oficial que apunta a una incidencia técnica, presentada este lunes en el Parlament por la consellera de Educación, Esther Niubó. En una rueda de prensa conjunta, las dos organizaciones han denunciado falta de transparencia, decisiones políticas erróneas y una situación estructural crítica en el sistema educativo catalán. La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha asegurado que el sindicato conoció los hechos a través de los medios de comunicación, una situación que, según ha dicho, "ya es habitual en los últimos años". Segura ha cuestionado el relato del Departament y ha sido contundente: "No es un error técnico, son decisiones políticas". En este sentido, ha criticado que detrás de las incidencias recurrentes —en adjudicaciones, aplicativos o procesos administrativos— "siempre hay decisiones políticas", y se ha preguntado "qué ha fallado en la cadena de supervisión" para que durante cuatro meses no se hayan dado explicaciones.
Segura ha denunciado una "falla de estructura y de funcionamiento" y ha considerado especialmente grave que no se haya informado antes: "Ha habido una decisión política con un objetivo muy claro, que es evitar el debate social". Además, ha situado esta crisis al nivel de otras polémicas recientes, como la infiltración de mossos en asambleas docentes, y ha acusado el Govern de funcionar "de forma muy opaca y tomando decisiones muy equivocadas".
Acusan la ley de educación catalana y la OCDE de "neoliberales"
USTEC también ha puesto en cuestión el papel de la OCDE y las pruebas PISA en la orientación del sistema educativo. "¿Nos tenemos que gastar 1,5 millones de euros para que oriente la educación catalana?", se ha preguntado Segura, que ha calificado la ley de educación catalana de "neoliberal" y ha alertado que desde su aplicación "la educación ha ido de capa caída". Según el sindicato, el problema de fondo es la falta de recursos: más plantilla, más inversión, refuerzo de la escuela pública y reducción de ratios. También ha denunciado que el muestreo de las pruebas PISA ha dejado fuera a un 22,3% del alumnado: "Uno de cada cuatro alumnos, una anomalía que no ocurre en ninguna otra región".
Por su parte, la representante de CGT, Laura Gené, ha elevado todavía más el tono y ha calificado la situación como "la enésima cagada del Govern". Gené ha acusado a la conselleria de no dar respuestas y de atribuir responsabilidades a la estructura técnica: "Es muy fácil colgar el muerto a un técnico". En cambio, ha defendido que, ante la falta de responsables claros después de meses, "lo que debería hacer la consellera es dimitir".
La portavoz de CGT también ha criticado que el Govern atribuya los problemas a herencias del pasado o a recortes, y ha reclamado un cambio de rumbo: "Hay que dejar de escuchar organismos neoliberales y empezar a escuchar a los centros educativos". En este sentido, ha denunciado situaciones como la presencia policial en las aulas o la falta de sustituciones de horas sindicales, y ha acusado a la consellera de haber mentido sobre el estado de los horarios escolares. Gené ha insistido en que la crisis educativa es estructural y sostenida en el tiempo: "Durante toda la legislatura, la crisis de educación ha ocupado titulares día tras día". Ha alertado de que, más allá del alumnado con necesidades específicas reconocidas, hay también un volumen importante vinculado a la pobreza infantil, y ha resumido la situación con una idea clara: "Faltan manos, recursos y voluntad política, y sobran organismos neoliberales".
Tanto USTEC como CGT han coincidido en reclamar una reunión urgente con el Departament y han advertido que, si no hay un giro en la gestión, el conflicto se trasladará a las calles. En este sentido, han recordado que el 8 de septiembre hay convocada una huelga y han avisado de que podría ser solo el inicio de un curso marcado por la movilización: "Si esto no se resuelve en una mesa de negociación, nos encontrarán".