Las exmonjas de Belorado vuelven a ser noticia. Podrían acabar en prisión. La Fiscalía pide una pena de 12 años para las siete imputadas por haber maltratado a sus compañeras del convento más mayores (de entre 87 y 101 años) y haberse apropiado de sus pensiones. Hace unas semanas, el juzgado de instrucción número 5 de Bilbao abrió juicio oral contra estas exclarisas por delitos de abandono, omisión del deber de socorro, coacciones, trato degradante, administración desleal y apropiación indebida. Según la investigación, las monjas del cisma utilizaron las pensiones que recibían sus compañeras ancianas para financiar los negocios que abrieron las clarisas después de la ruptura.
Unos negocios fracasados
Para hacer memoria, este caso estalló ya hace más de dos años, en mayo del 2024, cuando la comunidad de monjas clarisas de Belorado publicó un manifiesto anunciando que rompían con la Iglesia católica. En las últimas horas, un nuevo cisma ha sido noticia, ya que los lefebvrianos, una comunidad ultratradicionalista, han roto relaciones con Roma, consagrando cuatro obispos sin permiso del Papa. Estas siete monjas se pusieron bajo la tutela de Pablo de Rojas, un falso obispo excomulgado. Como no quisieron echarse atrás, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, su archienemigo, excomulgó a las clarisas, que dejaron de ser consideradas monjas y se convirtieron en ciudadanas normales que ocupaban propiedades de la Iglesia donde no tenían permiso para vivir. La situación se volvió más rocambolesca cuando las siete se unieron para echar al obispo De Rojas y empezaron a abrir negocios como, por ejemplo, un restaurante de clausura. El pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo cerró la puerta a su regreso a Belorado.
Expulsadas de este monasterio, las exmonjas se trasladaron hacia el de Orduña, en Vizcaya. Antes, sin embargo, el verano de 2025, se llevaron a sus compañeras de más edad hacia este espacio, donde, según la Fiscalía, las tuvieron incomunicadas y sin atención médica hasta que la Guardia Civil las rescató en diciembre de 2025. La Fiscalía considera que este traslado fue forzoso y las acusa de haber restringido la atención médica de unas ancianas en edades muy avanzadas y especialmente vulnerables. La jueza sitúa al frente de toda la trama a la exabadesa de Santa Clara, Laura García Viedema Serrano, que habría querido evitar el rescate. Consideraba que, al tener a personas vulnerables en el convento, haría más difícil que las desahuciaran. También porque necesitaban sus pensiones para sobrevivir, pues los negocios que habían puesto en marcha eran todo un fracaso. Incluso llegaron a abrir cuentas compartidas para poder acceder a estos recursos sin su consentimiento válido.