Josep Lluís Trapero y la cúpula de Interior esperan poder evitar el juicio. Esta mañana se han defendido los recursos contra el auto de procesamiento. No era obligatorio que fueran y sólo ha comparecido el exdirector de la policía Pere Soler.

Todos han defendido su inocencia ante la sección segunda de la Audiencia Nacional que es quien tiene que resolver. Una vez se conozca la decisión, la sección primera del Penal, encargada de juzgar los hechos, podría dar ya entonces el siguiente paso y dictar la orden de apertura de juicio oral que daría lugar al enjuiciamiento de los encausados.

La fiscalía ha pedido mantener los delitos de aquellos a los cuales se les acusa de sedición y organización criminal. Las defensas han defendido que se los absuelva de los cargos y se archive la causa.

En el auto de procesamiento, dictado el 4 de abril, la jueza Carmen Lamela imputa a Trapero, Puig y Soler un delito de organización criminal y otro de sedición por la "total inactividad" de los Mossos el 1-O, que en el caso de Trapero se amplía a dos delitos de sedición, para atribuirle también la responsabilidad en el asedio en la Conselleria d'Economia el pasado 20 de septiembre.

La intendente Teresa Laplana, que estaba al frente del dispositivo del 20 de septiembre, está procesada por un único delito de sedición por su responsabilidad el día de los hechos.

Los abogados no ven fundamento

La abogada de Trapero, Olga Tubau, ha explicado que ha defendido ante la sala la absolución del antiguo jefe de los Mossos porque considera que en el acto de procesamiento de la jueza hay "muchísimos contraindicios y elementos exculpatorios que neutralizan los indicios".

El abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha tildado este lunes de "disparate jurídico" el procesamiento del exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y de los exjefes políticos del cuerpo policial César Puig y Pere Soler por delito de organización criminal en la causa en la cual se investigan los hechos del 20 de septiembre delante de la Conselleria d'Economia y la jornada del referéndum del 1 de octubre.

El letrado, que ejerce la defensa de Cèsar Puig y también el expresident catalán Carles Puigdemont, ha explicado al final de la vista que ha acogido la Audiencia Nacional para estudiar los recursos de apelación de los tres procesados y de la intendente Teresa Laplana, que este tipo penal está previsto para organizaciones mafiosas y "no tiene nada que ver" con los hechos que se han investigado.

Durante la vista, que se ha alargado cerca de dos horas, los letrados de los cuatro procesados por los delitos de sedición y organización criminal han reproducido ante los magistrados de la Sección segunda de la sala de lo penal de los argumentos recogidos en sus recursos contra el auto de procesamiento de la magistrada Carmen Lamela del pasado 4 de abril y han insistido en que ha quedado probado que los Mossos d'Esquadra siempre obedecieron los mandatos judiciales.

A este respecto, Alonso-Cuevillas ha asegurado que "consta sobradamente en todas las reuniones previas" a la celebración del referéndum ilegal del 1-O que este cuerpo judicial siempre mantuvo la postura que obedecerían a la 'autoridad judicial'. "Imputar de connivencia a los Mossos está fuera de lugar", ha insistido ante las preguntas de algunos periodistas, ya que se ha negado a atender a los medios gráficos.

Reuniones con la cúpula del Govern

El letrado se refiere así a unas reuniones que tuvieron lugar en la sede del Govern los días 26 y 28 de septiembre mantenidas entre Trapero y otros altos cargos del cuerpo policial con el president catalán Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn.

A las mismas reuniones hizo alusión el exjefe de los Mossos en su declaración ante la jueza Lamela el pasado mes de febrero. Trapero dijo entonces que buscó reunirse con la cúpula del Govern para trasladarles la preocupación existente en el cuerpo policial por mantener la seguridad ciudadana a la celebración de la consulta del 1-O, prohibida por el Tribunal Constitucional.

Fuentes presentes en la vista celebrada este lunes han explicado que la fiscalía ha mantenido ante los magistrados que insisten indicios de la comisión de los delitos que se les imputan por la consulta y por los hechos del 20 de septiembre en la Conselleria d'Economia durante los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Las defensas piden la absolución

Las defensas, por su parte, han considerado que los indicios de la fiscalía no se sostienen y han pedido la absolución de los cuatro procesados, como ya hicieron en el escrito presentado delante la Sala después de que la magistrada instructora desestimara los recursos de reforma interpuestos contra el auto de procesamiento.

Precisamente con este acto fechado al principio de abril, la magistrada dio por acabada la instrucción de esta causa que empezó a finales de septiembre contra Trapero, a quien procesa por dos delitos de sedición y uno de organización criminal; Puig y Soler, por organización criminal y un único delito de sedición, y Laplana, a quien la jueza le atribuye un solo delito sedición en relación con los incidentes de septiembre.

Después de las indagaciones realizadas, la jueza Lamela concluyó que Trapero y los exjefes políticos de los Mossos integraban una organización jerarquizada "bajo una dirección común en la cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Catalunya", con carácter estable desde hace ya más de dos años, con asignación de tareas, que fue lo que "en definitiva permitió la celebración del referéndum ilegal y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre".