Nueva denuncia por discriminación de la lengua catalana en los juzgados. El abogado Josep Cruanyes ha pedido a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que acuerde “exigir responsabilidades” a dos letrados de la Administración de Justicia por “graves vulneraciones de la tutela judicial efectiva y vulneración de utilización de la lengua catalana en la justicia, como lengua oficial del procedimiento, vulnerando el artículo 231 de la LOPJ; el artículo 3.3 de la CE; el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía y el artículo 9 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias”. En la denuncia, Cruanyes expone que los dos letrados de la Administración de Justicia aceptaron la traducción al castellano de su demanda en un juzgado mercantil de Barcelona, solicitada por el denunciado, hecho que ha provocado el retraso del procedimiento durante 2 años y ocho meses, y que continúa abierto.
“Al tratarse el catalán de lengua oficial con el castellano, los abogados pueden hacer opción de la lengua oficial que emplean, pero en ningún caso pedir la traducción del escrito del contrario”, recuerda el abogado. Josep Cruanyes también ha comunicado esta queja al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
El catalán, discriminado
El catalán en la Administración de Justicia continúa en números rojos. Las sentencias escritas en catalán han retrocedido al 6,3 % el año 2025. Los operadores jurídicos, sin embargo, tampoco usan la lengua propia del país: se han presentado 41.356 demandas en catalán (el 5,2 % del total) frente a las 752.905 en castellano el año pasado, según datos del Departament de Justícia. No obstante, los juzgados no respetan en un 79 % de los casos, pocos, que el ciudadano pide ser atendido en lengua catalana. Las quejas son constantes. Recientemente, una forense de la demarcación de Girona presentó una queja porque una jueza la forzó a peritar en castellano al decirle que no entendía el catalán. La sala de gobierno del TSJC defendió que la forense tiene derecho a intervenir en catalán, pero no sancionó a la jueza, al considerarlo un hecho puntual.
Retraso por el castellano
En la denuncia, Josep Cruanyes detalla que presentó una demanda en el Juzgado Mercantil 6 de Barcelona, que se admitió a trámite el 31 de julio de 2023. La demandada pidió su traducción al castellano un mes después, que se acordó por uno de los letrados de la administración de justicia el 4 de octubre de 2023, y se dio traslado de la traducción de la demanda el 16 de abril de 2024, seis meses y 26 días después. Son “dilaciones indebidas”, manifiesta el abogado. El juez dictó la sentencia el 28 de marzo de 2025. Se interpuso recurso por parte de Cruanyes en julio, y la otra parte vuelve a pedir su traducción. Nuevamente, otro letrado de la Administración de Justicia acuerda la traducción.
Ante la falta de respuesta, el abogado presentó un escrito el 5 de febrero de este año en el que denuncia “la vulneración del derecho de uso de la lengua oficial catalana sin dilaciones y ante la inactividad”, y aporta la versión en castellano de mi recurso de apelación. El juzgado lo acepta, pero la parte demandada presenta un recurso porque quiere esperar la “traducción de oficio”. El juzgado lo acepta y suspende el plazo del procedimiento, un hecho incongruente, ya que Cruanyes sostiene que la traducción es de un escrito propio, y todavía no se ha resuelto.
Todo esto ha provocado “14 meses de dilaciones por las traducciones hasta hoy y 2 años y ocho meses de dilaciones del procedimiento”, todavía abierto, denuncia el abogado, que pide que los dos secretarios judiciales sean reprendidos. También sostiene que “en la sentencia, el magistrado Cesar Suarez Vázquez, ni en ninguna otra resolución del procedimiento, dictada por el mismo, hace ningún tipo de referencia ni valoración de las dilaciones indebidas producidas en este procedimiento, que son tan significativas”.
Finalmente, Josep Cruanyes expone que “para entender la grave situación provocada en este procedimiento” presenta un caso similar. Presentó una demanda el 20 de noviembre de 2023, que recayó en el Juzgado Mercantil 8, y el 6 de octubre de 2025 la sección 15 de la Audiencia de Barcelona dictó sentencia en segunda instancia. Dos años con el procedimiento cerrado, frente a los dos años y ocho meses de la demanda con la reclamación de traducción al castellano.