El frente judicial por el caso Fernández Díaz está ya en marcha. No hay nada de oficio. Ni la Fiscalía ha movido ficha todavía, a pesar de recibir las grabaciones del diario Público. El frente judicial viene de los partidos catalanes. CDC, ERC, PSC y Catalunya Sí que es Pot han anunciado denuncias y ahora mismo la mitad ya están en curso.

ERC presentó una querella el 23 de junio, el día de la verbena, 48 horas después de que se hiciera público el escándalo. La querella de los republicanos se presentó en la Fiscalía Superior de Catalunya y ahora se remitirá a Madrid, porque es donde han pasado los hechos. Las grabaciones se realizaron en varias reuniones entre el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Diaz, y el ex director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, en el despacho del ministro, en Madrid. 

La otra denuncia que ya está en los juzgados es la que presentó el PSC contra De Alfonso por calumnias. Los socialistas presentaron la denuncia a raíz de la intervención del exdirector de la Oficina Antifrau el día siguiente de que saliera a la luz el caso. En RAC1 y en Els Matins de TV3, De Alfonso insinúa que quien ha filtrado las grabaciones es el PSC porque había una investigación en curso sobre la financiación de los socialistas. La denuncia se presentó en los juzgados de Sant Feliu de Llobregat, los más próximos a los estudios de TV3 donde hizo las declaraciones.

La semana que viene CDC presentará una querella al Tribunal Supremo contra Jorge Fernández Diaz. Se esperará para conocer si hay más filtraciones para acabar de cerrar el texto con todos los afectados del partido, como el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que aparece a las grabaciones. 

Catalunya Sí que es Pot también anunció acciones legales. De momento están acabando la denuncia que presentarán al Parlament. En el escrito pedirán que la Fiscalía abra diligencias y se presentarán como acusación particular si llega el caso.

También actuará judicialmente el Síndic de Greuges. Rafael Ribó quiere saber "por qué un ministro del Interior ha promovido investigaciones erráticas, sin indicios reales, sabiendo que eso atenta contra todos los principios elementales del Estado de derecho". "Es él quien tiene el monopolio de la fuerza en sus manos y quien lo tiene que utilizar con gran cuidado, todo lo contrario de lo que conocemos que ha hecho", ha recriminado en una rueda de prensa para explicar la apertura de la actuación de oficio sobre las conversaciones, acompañado por el adjunto general, Jaume Saura. También ha cargado contra el ministro por el hecho de que se registraran y se filtraran las conversaciones, cosa que atribuye también a la "fatal administración". "Me sorprende que la autoridad que nos tiene que proteger para que no nos graben se exclame que lo han grabado en su despacho", ha criticado. 

La Fiscalía General del Estado, sin hacer nada

La Fiscalía General del Estado no ha movido ficha desde que surgió el escándalo. Al día siguiente de conocer los hechos decía a El Nacional que "de momento, nada," que no había nada previsto, pero que no descartaba que a lo largo de las próximas horas actuara de oficio. Pero no abrió ninguna investigación de oficio. Todo dependía de si tenía sospechas de que las grabaciones eran ilegales o se habían hecho con recursos policiales con finalidades partidistas. Ante estos dos supuestos podría abrir una investigación. Pero no lo hizo.

Jorge Fernández Diaz y Daniel de Alfondo implicaron a la Fiscalía de Catalunya y al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en las maniobras para desacreditar el movimiento soberanista pocos días antes de la consulta participativa del 9-N y, en especial, al entonces conseller de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs. También hablan de los fiscales anticorrupción catalanes que no colaboran lo suficiente con la estrategia contra los dirigentes independentistas. Del único del que no se quejan es de Fernando Bermejo, el fiscal anticorrupción que lleva todo el caso contra la familia Pujol.