Los comisarios Ferrán López, Emili Quevedo y Joan Carles Molinero; el intendente Antoni Verger; el jefe de la División técnica de planificación de la seguridad, Amadeu Domingo; la jefa del Servicio de asesoramiento jurídico de los Mossos, María Paz Martí, y el agente Franciso Javier Gámez entran en la espiral judicial contra el procés. El juzgado número 3 de Cornellà ha aceptado la querella que VOX presentó contra ellos por no parar el 1 de octubre y los investiga por sedición, rebelión y desobediencia y denegación de auxilio.

Son parte de los mossos que, a pesar de alertar al Govern Puigdemont de los peligros de seguridad ciudadana del 1 de octubre y de las complicaciones para cumplir la orden judicial de impedir la celebración del referéndum, han acabado ante los tribunales. Algunos de ellos han declarado como testigos de la defensa de Trapero a la Audiencia Nacional y de la defensa de Joaquim Forn al Tribunal Supremo.

VOX alega en la querella presentada el 6 de junio que "no ejecutaron las órdenes enviadas" por parte del juez de instrucción que estaba de guardia en aquel momento en esta localidad.

Precisamente, este juzgado catalán, que ya investiga a Ferran López y a otros comisarios como Joan Carles Molinero por estos mismos hechos, planteó su inhibición a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ha procesado al major de los Mossos Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los exjefes políticos del cuerpo policial Pere Soler y César Puig, por los delitos de sedición y organización criminal por la elaboración de las pautas de actuación en el 1-O.

Aunque el titular del juzgado de Cornellà consideraba que la Audiencia Nacional estaba instruyendo los mismos hechos que él, Lamela rechazó quedarse con esta causa porque, a su parecer, entre los dos procedimientos no existía ni conexión subjetiva con los hechos, ni tampoco material.

El dispositivo diseñado por la Prefectura de los Mossos d'Esquadra para el 1-O "se elaboró con el fin de incumplir las órdenes" precisas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de impedir el referéndum, indica la querella.

La querella relata que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cornellà de Llobregat mantuvo conversaciones con los responsables del cuerpo policial autonómico el día previo, el mismo y posterior al referéndum sobre el desarrollo de la jornada, reclamando atestados sobre hechos presuntamente delictivos. Ante el continuo y sistemático incumplimiento de los requerimientos, este juzgado incoó de oficio diligencias previas, recuerda VOX.

Asimismo, subraya que se "camuflaron" las intenciones que se cumplirían las exigencias judiciales, cuando en verdad este día se concedieron permisos de vacaciones a numerosos agentes y que se enviara sólo una patrulla de dos policías a cada centro de votación, han indicado las mismas fuentes.