Una cincuentena de familias afectadas por el hundimiento de 144 nichos en el cementerio de Montjuïc en septiembre del año pasado han presentado una querella criminal contra el Ayuntamiento de Barcelona y más en concreto, contra el concejal Eloi Badia, el gerente de Cementerios de Barcelona, Jordi Valmaña y la antropóloga responsable de la exhumación e identificación de los restos humanos. Se les acusa de un delito de daños, profanación, falsificación de documentos, prevaricación y malversación.
El abogado Miguel Duran -del despacho Duran y Duran Abogados que lleva el caso junto con el despacho Palacio Lassaletta- ha dicho que es un caso claro de "lamentable negligencia" y "falta de cuidado". "La gente paga por el mantenimiento de los nichos y aquí las autoridades han pasado olímpicamente de cumplir con su deber", ha dicho. Denuncia además, que el trato recibido por los difuntos no fue el adecuado: "Se removió todo, se enviaron retroexcavadoras, todo se mezcló ", ha lamentado.
Algunos de los afectados por el derrumbe de los nichos de Montjuïc / G.R
Han explicado que sólo hay 26 cuerpos identificados por las antropólogas pero exigen quese hagan pruebas de ADN a todos los restos ya que el examen antropológico, según recoge la querella, se hizo de manera "superficial", "por tapar la expediente "y con simples" datos familiares y alguna fotografía ".
"El duelo está abierto"
En el acto han estado presentes algunas de las familias afectadas, su portavoz Núria Miñana ha lamentado que casi un año más tarde "no sabemos dónde tenemos nuestros difuntos". "Es un luto abierto que no podemos cerrar", ha dicho.
Miñana ha lamentado que el Ayuntamiento no ha tenido "ningún gesto" con los afectados y ha reconocido tener un gran "sentimiento de impotencia": "No habría dicho nunca que llegaría hasta aquí", ha dicho.
Depurar responsabilidades
Los abogados esperan que se asumen responsabilidades por parte de los responsables, "especialmente en un ayuntamiento donde hay un partido que siempre habla", ha dicho el abogado Miguel Duran, que al mismo tiempo ha señalado que tan pronto como la querella sea admitida a trámite "el concejal Eloi Badia tendría que dimitir y si no lo hace, la alcaldesa Ada Colau lo tendría que cesar".
Para José María de Palacio, también abogado del caso, la alcaldesa tendría que pedir "perdón" o "hacer un tuit refiriéndose". Ha destacado que es "el mínimo" que tendría que hacer un gobierno que se define como "social".
5.000 euros por el silencio
Denuncian que el gobierno de Ada Colau ha intentado "comprar voluntades" por 5.000 euros, es decir, llegar a acuerdos con los afectados para evitar la vía judicial
La querella la han presentado los titulares de una veintena de nichos, que agrupan unas 50 familias, y se espera que se le puedan añadir más por ello ha puesto en marcha una web de apoyo a las familias https://afectatscementirimontjuic.com. También se pueden añadir aquéllos que hayan firmado algun tipo de acuerdo con el Ayuntamiento.