El caso Pujol se ha reanudado hoy en la Audiencia Nacional con la declaración de varios testigos. Exaltos cargos de la Generalitat de Catalunya han negado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que la familia del expresidente Jordi Pujol cobrara "propinas" para obtener la gestión de los seguros sociales, el IRPF y otros saldos de la nómina de los funcionarios.

El magistrado citó a declarar ocho testigos, entre ellos el exgerente del Institut Català del Sòl (Incasòl) Antonio Paradell, el exdirector financiero de Ferrocarrils de la Generalitat Antonio Herce, y el director general de la Conselleria de Hisenda, Francesc Xavier Ruiz del Portal, después de que un exdirectivo de la banca Natwest March denunciara estos pagos irregulares. También han comparecido los directivos de Natwest Antonio Tomás y Modesto Custodio.

Tanto unos como otros han coincidido en declarar que las entidades ofrecían a las empresas públicas pequeñas bonificaciones para disfrutar de la domiciliación de estas nóminas que "nunca" se pagaban en efectivo, sino que se abonaban en la misma cuenta de cada compañía. A manera de ejemplo, el antiguo responsable del Incasòl ha recordado delante del magistrado que su empresa percibía 10.000 pesetas (60 euros) por las nóminas de 50 funcionarios.

El magistrado aseguraba en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, que la denuncia del empleado de Natwest, que trabajó en la banca entre los años 1987 y 1995 ocupando el lugar de director de la oficina central en Barcelona, apunta a la existencia de una "operativa destinada a que la familia Pujol acumulara grandes cantidades de efectivo para su patrimonio".

Según su declaración, existían acuerdos que relacionaban las entidades bancarias con grandes empresas y organismos públicos "para gestionar las nóminas de los trabajadores". De esta manera, acumulaban saldos en las cuentas bancarias y pagaban a cambio "un porcentaje en efectivo", que el denunciante cifra en un 3%.

"Las propinas a altos cargos y otras partes se llevaban en efectivo a los despachos", dice la resolución que precisa que una de las oficinas era la del hijo mayor del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.

A comisión

De la Mata precisaba que muchos de los capitales que pudieron acumular durante el mandato de Pujol padre procedían de estas comisiones, ofrecidas por la cesión a las entidades de seguros sociales, del IRPF y de saldos medio 'ociosos', es decir, recaudaciones que tenían que ir a la Seguridad Social o a Hacienda pero que el banco mantenía por largos periodos para obtener beneficios.

El juez investiga al primogénito de los Pujol por presuntos delitos de blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental en el marco de la causa que lo investiga por cobrar comisiones ilegales, lavar capitales de supuesto "origen criminal" y dejar fuera del alcance de la Justicia española un mínimo de 2,4 millones que transfirió a México.

Según su opinión, Pujol Ferrusola coordinó durante años un importante patrimonio económico "siempre en beneficio de la familia" y depositó la mayoría de los fondos en cuentas en Andorra.

En esta actuación, el magistrado ve indicios típicos de una organización criminal y especifica que todos los Pujol siguen "pautas comunes de actuación, asignación de roles y distribución de cantidades multimillonarias" en función de los ingresos recibidos en estos depósitos ocultos. También demuestran "un particular sistema de rendición de cuentas".