Los abogados de la familia Pujol están terminando la querella contra los dos policías españoles que habrían amenazado y coaccionado la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información bancaria de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.

La justicia andorrana ha abierto una investigación a raíz de la denuncia de Higini Cierco, que es accionista mayoritario de BPA junto con su hermano Ramon, sobre las presuntas coacciones y amenazas de "las fuerzas policiales españolas" para conseguir una información vinculada al caso Pujol y a la Operación Catalunya.

Los abogados de la familia Pujol presentarán una querella y pedirán que declaren como imputados a los dos policías españoles que habrían coaccionado la banca. El letrado Jean Michelle Rascagneres ha explicado que la denuncia contra los policías tiene sentido "considerando que somos víctimas" de las presuntas coacciones y amenazas, ya que a raíz de esta presión la Banca Privada de Andorra dio toda la información de la que disponía de los Pujol a la policía del Estado español. Así lo afirmaron el jueves pasado los hermanos Cierco en su declaración a los juzgados, y a partir de la cual se ha abierto el nuevo sumario.

Bajo sospecha hay dos agentes de la policía española. Uno de ellos es un agente de la embajada, y por lo tanto tendría inmunidad diplomática. Pero el otro es un comisario que se tiene que acoger a la ley.

Jean Michelle Rascagneres, abogado de la família Pujol, espera ahora que "la justicia española dé las mismas facilidades que le ha de dado la justicia andorrana para obtener información y que no haya ninguna dificultad para que se pueda interrogar este comisario en Madrid".

El Gobierno de Andorra no quiere entrar

En cambio, el Gobierno de Andorra no mueve ficha sobre este sumario. Sus servicios jurídicos así se lo piden. "No entraremos. Aconsejaremos al Gobierno que no entre", dice el abogado Manel Pujades.

El gobierno andorrano se mantiene en el caso que investiga un presunto blanqueo de capitales de 430.000.000 euros. "Eso es lo que nos preocupa", dice Pujades, "el resto ya está judicializado", añade.

Según los letrados, les han encargado la investigación del blanqueo y en eso están centrados.

En declaraciones a El Nacional, el Gobierno catalán "lamenta que tenga que ser la justicia andorrana y no la española la que investigue este tema, ya que precisamente daña la credibilidad de la política y las instituciones del Estado". Fuentes de Presidencia han explicado al diario que "esta guerra sucia del Estado contra el proceso político catalán es una sospecha general y pública de hace mucho tiempo."

El gobierno de Andorra dará mañana explicaciones públicas sobre el caso.

Información determinante

La información que la Banca Privada de Andorra –con quien la familia Pujol había trabajado durante años– que acabó en manos de la policía española, fue determinante para que en julio del 2014 Jordi Pujol confesara que no tenía su fortuna familiar regularizada. Según el mismo grupo Cierco, accionista mayoritaria de la banca, "el resultado de los datos que se facilitan es la publicación de una información en un rotativo español que obliga al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a admitir la existencia de una herencia depositada en el extranjero". En su declaración los hermanos Cierco también remarcan que BPA no tuvo nunca más de 5 millones de euros de la familia Pujol.

La policía española presionó los Cierco pidiéndoles información sobre los Pujol a cambio de un supuesto trato de favor en la causa abierta sobre el presunto blanqueo de capitales de organizaciones mafiosas y terroristas. Ahora que se está encauzando el proceso, se han procesado 24 directivos y gestores del BPA por cobrar comisiones. Pero no se ha encontrado ninguna prueba para llevar al banquillo de los acusados a los hermanos Cierco, los accionistas mayoritarios.