El propietario del Banc Expropiat, Manuel Bravo Solano, quiere traspasar la titularidad del local al Ayuntamiento de Barcelona por una cifra de entre 800.000 y 1.000.000 euros.

Así lo publica La Directa, que explica que los representantes del propietario se pusieron en contacto con el consistorio este domingo, después de la séptima manifestación de la semana en que asistieron unas setecientas personas y de las cargas de los antidisturbios que respondían a las acciones de los manifestantes de rociar con agua y harina a los Mossos.

Ayer, Bravo Solano se reunió con miembros de la administración pública para ratificar su disposición a vender el local y fue entonces cuando exigió esta cifra millonaria.

En el contrato –firmado por el exalcalde de la capital catalana Xavier Trias y suscrito por el entonces primer teniente de alcalde Joaquim Forn– se había acordado un alquiler de 65.000 euros anuales y, de acuerdo con la asamblea del Banc Expropiat que no tenía conocimiento de este pago, el nuevo gobierno de Ada Colau decidió rescindir el contrato a partir de enero de este año al considerar que el precio era "desorbitado".

La polémica del contrato

Esto comportó la reapertura del proceso judicial, que dio lugar al desalojo del local el pasado 23 de mayo –los Mossos tenían un margen de ejecución comprendido entre el 1 de abril y el 15 de junio–, cuando empezó todo el bullicio que todavía dura hasta día de hoy. 

En el contrato se añadía el hecho de que el propietario había exigido no tener ningún gasto extra por el local, motivo por el cual el propio Ayuntamiento se hacía cargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de la tasa de basura, de los gastos de la comunidad y de la reparación de los desperfectos que presentara el espacio una vez finalizara el alquiler. Trias justificó los pagos con un intento de evitar un "conflicto grave" en Gràcia y alegó que era una medida temporal de un año –el tiempo que duraba el contrato–, que tenía como objetivo dar un margen de negociación a los okupas.  

El Banc Expropiat ya puso de manifiesto el pasado 27 de mayo que "eso no es un conflicto entre privados, es un conflicto entre dos formas de vida: las que queremos una vida en común y relacionarnos mediante redes de apoyo mutuo tejidas entre iguales y aquellos que defienden la propiedad privada, independientemente del uso que se haga".